TV3 Tras la DGAIA, la Corpo: la jueza cita a declarar nueve altos cargos de TV3 por malversación
La justicia investiga graves irregularidades cometidas entre 2015 y 2021
El Juzgado de Instrucción número uno de Sant Feliu de Llobregat ha citado a declarar a nueve altos cargos de la cúpula de TV3 por un posible delito de malversación. Este juzgado se encarga de investigar los sueldos de los directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Entre los nueve investigados hay siete miembros del actual consejo de gobierno, y otros dos altos cargos.
La Corporación vuelve a estar en el foco de la polémica | CCMA
La instrucción trata de dilucidar ahora si los investigados recibieron sobresueldos de la Corporación entre los años 2015 y 2021. Se trata del mismo período en el que ocurrieron las irregularidades en la DGAIA, que investiga la Oficina Anticorrupción.
Se trata pues de una muestra más del descontrol en la gestión de los gobiernos de Junts y ERC durante los años del Procés. De hecho, la DGAIA podría ser solo la punta del iceberg de un sistema de corrupción generalizada en la Generalitat. También pone en el disparadero a TV3, en pleno debate sobre su sobrefinanciación y su deriva ideológica.
Sueldos de más de 120.000 euros anuales
La justicia abrió diligencias por posibles irregularidades en la Corpo, el pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana. Ahora cita a declarar a los nueve investigados por un presunto delito de malversación y prevaricación. Tendrán que comparecer ante el magistrado en la primavera del año que viene, en calidad de investigados.
La denuncia de Sociedad Civil Catalana se basaba en un informe de la Sindicatura de Cuentas, órgano que también ha destapado el escándalo en la DGAIA. El informe alertaba sobre la asignación de sueldos por encima del límite establecido por la ley.
Pero además, SCC advirtió de otras posibles irregularidades en el proceso de selección de los actuales directores de TV3 y Catalunya Ràdio. También pusieron la alerta sobre los altos sueldos, que en algunos casos superaban incluso los de un consejero de la Generalitat -por encima de los 120.000 euros anuales.
Por todo esto, la entidad constitucionalista señaló que podríamos estar ante "un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal". Algo que parece corroborarse cada vez más, con cada nueva decisión de la justicia.
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