Indignación con la Generalitat por condonar las ayudas otorgadas a tutelados por error

Por méritos propios, la Generalitat vuelve a situarse en el centro de la polémica. Ahora, por anunciar que condonará las deudas a jóvenes extutelados que recibieron ayudas económicas en el marco del escándalo de la DGAIA. La medida, presentada por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, ha generado un aluvión de críticas en redes sociales.

El origen del problema se remonta a los años en que la antigua DGAIA mantenía un sistema opaco, caótico y presuntamente corrupto de ayudas. Muchos de estos jóvenes continuaban percibiendo prestaciones aun cuando ya no cumplían los requisitos. En algunos casos, las situaciones eran hasta inverosímiles, con jóvenes que ya no vivían ni en Cataluña y recibían ayudas.

Según la Sindicatura, los pagos indebidos a extutelados ascendieron a 4,7 millones de euros. Esto condujo reclamaciones que en algunos casos superaban los 30.000 euros por persona. Pero, ahora, lejos de reclamar la devolución, la Generalitat ha optado por perdonar la deuda alegando que no se puede penalizar a quienes ya arrastran una trayectoria vital marcada por la vulnerabilidad.

Martínez Bravo defendió que no se trata de irregularidades, sino de “desajustes de la administración” que no detectó los cambios en la situación laboral de los beneficiarios. El argumento, sin embargo, no ha convencido a los usuarios. Y el origen de esta indignación es evidente: que la administración no comete "desajustes" para otros asuntos.

“Llevo tres años esperando que me devuelvan 1.000 euros de las ayudas de placas solares. Ni contestan. Ahora bien, para condonar deudas con dinero de los demás, qué rápidos”, denunciaba un usuario. Otro señalaba: “Si se hubiesen equivocado con las pensiones de nuestros abuelos, les habrían hecho devolver hasta el último céntimo”. Los usuarios narran constantes casos de hostigamiento administrativo para devolver pensiones, ayudas y otras prestaciones, en algunos casos por errores de la propia administración.

Un escándalo mayúsculo (y silenciado)

Profundizar en el escándalo de la DGAIA no interesa a amplios sectores del poder político y de su división mediática a través de la prensa subvencionada. De hecho, son medios independientes como E-Notícies u Octuvre los que hablan de esto.  Ayer mismo, por ejemplo, Octuvre añadía un nuevo actor a toda esta trama.

Se trata de la empresa de "compliance" legal Judilex. Presuntamente, la fundación Resilis habría contratado a esta empresa para blindarse legalmente y evitar la condena penal. El motivo para las sospechas es que la auditoría de Judilex no vio ninguna irregularidad mientras que la Sindicatura viento cientos.