Impunidad institucional en Cataluña: solo prosperan un 4% de denuncias por corrupción

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) tiene desde 2023 la potestad de imponer sanciones a administraciones que ejerzan represalias contra denunciantes de la corrupción. Sin embargo, el organismo no ha impuesto ninguna sanción de este tipo hasta ahora. Esto contribuye a reforzar la impunidad de las instituciones catalanas y desprotege a los denunciantes de la corrupción.

Así lo señalan los propios datos de la OAC, según la cual solo el 4% de las denuncias a organismos públicos por corrupción acaban siendo efectivas. Otro dato inquietante es que el 68% de las denuncias son anónimas por miedo a represalias. 

Dicho de otra forma, Cataluña es un lugar donde los corruptos salen impunes y los que lo denuncian son perseguidos. Esto alerta de una grave disfunción en el funcionamiento democrático de las instituciones en Cataluña. Ante esta situación, aparecen voces que piden legislar para reforzar los mecanismos de control y acabar con la impunidad.

Aliança Catalana propone una ley

Es el caso de Aliança Catalana, partido que ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament para meter mano en este asunto. El partido de Sílvia Orriols propone crear un fondo exclusivo en la Oficina Antifraude para proteger a los denunciantes. Además, piden una reprobación del funcionamiento actual de este organismo por su incapacidad de proteger a los alertadores y perseguir la corrupción.

Aliança Catalana exige una mayor implicación de la Sindicatura de Greuges, con un informe extraordinario sobre esta cuestión. Una medida que complementan con la petición de una auditoría independiente anual para hacer un seguimiento de las denuncias.

El objetivo prioritario es instar al Govern a promover una ley catalana para la protección de las personas alertadoras. Esta ley, que debería presentarse en un plazo de seis meses, tendría que incluir medidas como garantizar la seguridad jurídica y el apoyo psicológico y económico frente a las represalias. Recuerdan que “la figura del alertador no es un recurso burocrático, sino un activo democrático de primer orden”.

La DGAIA, un caso reciente

El escándalo de corrupción en la DGAIA ha ofrecido un ejemplo de las represalias a las que son sometidos quienes denuncian estos casos. Este escándalo fue destapado por un educador social que fue víctima de acoso tras denunciar las presuntas irregularidades. Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación por las amenazas de muerte que sufrió por parte de las personas implicadas en la corrupción.

El denunciante acabó en tratamiento psicológico y bajo protección de la propia Oficina Antifraude de Cataluña. Además, Trabajo sancionó a empresas contratadas por la DGAIA por el acoso al trabajador. Pero los datos indican que no siempre se actúa con esta contundencia.

Hace unos meses La Vanguardia reveló varios testimonios de denunciantes acosados que no han recibido la protección adecuada de los órganos competentes. Como una funcionaria del ayuntamiento de Mataró que fue despedida tras denunciar a su jefe por acoso laboral. Esta persona sigue esperando una sanción a la administración por las represalias sufridas.

En Tarragona, de los dos denunciantes de contratos irregulares en un instituto público solo uno recibió la protección de la Oficina Antifraude. Son ejemplos de un mal funcionamiento del sistema que ampara la corrupción y desprotege a los denunciantes.