
El imán de Salt llevaba cinco años sin pagar el alquiler y no era vulnerable
Las últimas informaciones aparecidas cuestionan de forma flagrante el relato de la izquierda
Salt, una localidad de 34.000 habitantes en la provincia de Gerona, lleva dos noches ardiendo por los altercados del colectivo migrante y la izquierda radical. La chispa que prendió la mecha fue el desahucio de un imán subsahariano y su familia. Los Mossos le pillaron in fraganti intentando entrar nuevamente en el piso de forma ilegal, y esto motivó las protestas que han derivado en disturbios.

La izquierda ha convertido un intento de okupación en una reivindicación por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria. Acusan a los poderes locales, a la policía y a los jueces de racismo. Pero la verdad no ha tardado en salir a la luz.
Según destapó La mirada crítica de Telecinco, el imán llevaba cinco años sin pagar el alquiler del piso propiedad de una entidad bancaria. Además, ni él ni su familia cumplían los requisitos de vulnerabilidad para acceder a una vivienda social. Aun así, el ayuntamiento ha facilitado una vivienda social a la familia pese a no cumplir los requisitos.
El ayuntamiento se alinea contra extrema izquierda
Ni esta concesión del ayuntamiento, ni los intentos de mediación por parte de la policía y de la administración, han servido para apaciguar los ánimos. Detrás de las protestas está el ultraizquierdista Sindicat de l’Habitatge. Aseguran actuar contra los desahucios, la especulación inmobiliaria y el racismo, ocultando sin embargo la verdadera razón del conflicto.
El ayuntamiento se ha acabado poniendo del lado de los revoltados, pese a la violencia desatada estas últimas noches contra la policía. Es el mundo al revés. El gobierno municipal de ERC exige a los grandes tenedores que cedan sus propiedades para hacer vivienda social y propone medidas sociales como antídoto contra la extrema derecha.
Todo esto lleva a preguntarnos qué pasaría si alguno de nosotros no pagara el alquiler durante cinco años, y si el ayuntamiento nos ofrecería una vivienda social sin cumplir los requisitos.
Aquí radica el fondo de toda esta cuestión. Muchos ciudadanos están cansados de ver como se favorece a algunos colectivos en detrimento de quienes pagan impuestos y cumplen con sus obligaciones. Y además, el blanqueamiento de la okupación y la vulneración de la legalidad ha creado espacios de impunidad que favorecen el auge de la delincuencia en Cataluña.
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