Funcionarios advierten del impacto de la inmigración en las cárceles catalanas

La inmigración está generando un fuerte debate social en Cataluña, entre los defensores del modelo multicultural y quienes advierten de sus consecuencias. Hasta ahora, el debate se había visto sesgado por la imposición de un relato oficial marcado por el buenismo. Pero en los últimos años cada vez son más quienes cuestionan el pensamiento único.

Esto es lo que plantea la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que representa a los funcionarios de prisiones en Cataluña. En su último comunicado, piden afrontar valientemente un debate incómodo: el impacto de la inmigración en el sistema penitenciario catalán.

El CSIF recuerda algunos datos que evidencian que hay un problema. En los últimos cinco años ha habido en Cataluña un aumento del 14,45% de la población reclusa. De los 9.024 internos que hay ahora mismo, un 52,34% son extranjeros. El porcentaje sube hasta el 74,4% en el caso de los jóvenes, que son según el CSIF “una auténtica cantera delincuencial”.

Las cifras serían aún más elevadas si se contaran los nacionalizados de origen extranjero. El grupo mayoritario es el de los magrebíes, con 2.074 internos. Los delitos más frecuentes son hurtos (91%), robos con violencia (83,5%), agresiones sexuales (73%), ocupaciones (87,5%), homicidios (59%) y tráfico de drogas (66%).

Contra el buenismo del relato oficial

A partir de estos datos, el CSIF habla de una “realidad incómoda” que los responsables políticos “quieren esconder”. Según el sindicato, es “un debate complejo que no se quiere afrontar”. Aseguran que algunos políticos lo admiten en privado, pero evitan plantearlo en público por el miedo a ser señalados y estigmatizados.

Ante esto, afirman que “la mayoría de inmigrantes no son delincuentes, pero la mayoría de los delincuentes sí que son extranjeros”. Esto contrasta con el relato oficial que niega la inseguridad y la reduce a “percepciones subjetivas”. Para el CSIF, su objetivo no es otro que “evitar señalar a ciertos colectivos, minimizando el alcance real del fenómeno”.

Pero advierten de que ignorar el problema no solo no lo soluciona sino que lo cronifica. Por eso piden “afrontarlo con rigor y transparencia, aunque sea incómodo”. En este sentido, lamentan que cualquier opinión crítica sea enseguida tildada de extrema derecha.

Recuerdan lo que ha pasado en países como Suecia, Francia o Alemania, donde “ya hay barrios enteros donde los valores occidentales y democráticos han desaparecido”. Temen que pase lo mismo en Cataluña, que registra el índice de inmigración más alto de todo el Estado y sufre una “desintegración progresiva” de la cultura y la lengua. Por eso defienden “una política migratoria fundamentada en el sentido común, la responsabilidad y el respeto”.

Impacto en las cárceles catalanas

Sobre la delincuencia, niegan que la vulnerabilidad sea un factor determinante: “Hoy nadie delinque por falta de alimento, porque existe una extensa red de servicios sociales, bancos de alimentos y recursos que cubren las necesidades básicas”.

Tampoco la falta de trabajo es una justificación, creen, porque “muchos delincuentes están en edad de trabajar mientras muchos puestos de trabajo siguen sin ocupar”. Añaden también que “el cobro de ayudas públicas desincentiva el acceso al mercado laboral”.

Alertan de que la delincuencia tiene un impacto en los centros penitenciarios, donde “la situación se ha deteriorado de manera significativa”. Su manifestación más evidente y preocupante es el aumento de las agresiones a funcionarios. “Esta conflictividad está asociada a la inadaptación, que se manifiesta con muchas más intensidad entre los presos extranjeros”, apuntan desde el CSIF. De hecho, el 62% de los internos en régimen cerrado (los más peligrosos) son extranjeros. 

Un colectivo especialmente amenazado es el de las funcionarias mujeres, “que sufren un cuestionamiento sistemático por parte de algunos colectivos -especialmente magrebíes”. Ante estos, “la cuestión no es atacar la inmigración”. Por el contrario, creen que “hay que poner en valor el colectivo de inmigrantes que sí se integra, trabaja y contribuye”.

El debate de las deportaciones

Pero el CSIF abre el debate sobre la necesidad de expulsar a los extranjeros que delinquen, como hacen en otros países. Como en Francia o Alemania, donde la expulsión es inmediata en casos de delito grave o reincidencia. O Italia o Países Bajos, donde se conmutan penas por la deportación.

¿Por qué España es una excepción?, se pregunta el CSIF. La consecuencia es “un gasto desorbitado de recursos que se podrían destinar a mejorar los servicios esenciales”.