Europa Press Detenida la cúpula de la ONG que gestiona los centros de menas en Canarias
El 'patrón DGAIA': capitalizar las buenas intenciones para captar subvenciones millonarias de dinero público
La presidenta de la ONG Quórum Social 77, Delia García, y el director de centros de la misma organización, Juan Enrique Quintana - militante del PSOE y exsecretario de Acción Social en Gáldar -, han sido detenidos este jueves por orden del Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia. Se les investiga por presuntos delitos vinculados al maltrato de menores, amenazas y posible apropiación indebida de fondos públicos.
La operación ha conllevado el cierre inmediato del centro de Arinaga, que alojaba a 148 menores, y ha incluido registros en otras instalaciones. Esta actuación judicial es el segundo golpe directo contra la organización tras el cierre en mayo del centro Fortaleza I en Santa Brígida. En aquella ocasión también se habló de denuncias graves de racismo institucional, agresiones físicas y trato degradante.
ONG, subvenciones y poder político: una ecuación repetida
Quórum Social 77 gestiona actualmente 31 centros con 1.925 menores tutelados, y ha recibido más de 131 millones de euros en subvenciones desde 2023. Lejos de ser un caso aislado, la trama revela un patrón cada vez más extendido. Hablamos de organizaciones que se presentan como entidades del "tercer sector" y captan ingentes recursos públicos con una opacidad alarmante.
Para algunos los 'menas' son un negocio | Europa Press
La reciente difusión de imágenes desde un centro en Tacoronte, Tenerife, en las que se observan cajetillas de tabaco organizadas por turnos para los menores, ha desatado una nueva ola de indignación. La escena, documentada con mensajes de WhatsApp internos, muestra cómo los recursos se desvían a prácticas ilegales. Ni la ONG ni las autoridades han ofrecido explicaciones hasta el momento.
El “modelo DGAIA”: de Cataluña a Canarias
El caso recuerda poderosamente al escándalo ya conocido como “caso DGAIA” en Cataluña. Como es sabido, la DGAIA fue señalada por adjudicar contratos a fundaciones del llamado tercer sector con vínculos políticos y sin los debidos controles. Se revelaron pagos millonarios por menores no acogidos, adjudicaciones irregulares e imperios inmobiliarios financiados con subvenciones. Además, claro, de un sistema de puertas giratorias entre cargos públicos y directivos de las fundaciones beneficiadas.
Lo que se repite, tanto en Cataluña como en Canarias, es el parasitismo del sistema de protección a través de un discurso de solidaridad. Las “buenas intenciones” se convierten así en el escudo para justificar la opacidad. Al mismo tiempo, los beneficiarios directos - las ONG cercanas al poder - amasan recursos millonarios con mínima fiscalización.
Canarias ha soportado mucha presión migratoria | Europa Press
Silencios institucionales y responsabilidad política
Pese a la gravedad de los hechos, las reacciones institucionales han sido tibias. Desde el Gobierno canario, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, intentó en mayo minimizar el escándalo atribuyéndolo a “unos pocos trabajadores concretos”. Sin embargo, tras revelarse que la presidenta de la ONG ordenó apagar todas las cámaras de seguridad la tesis del desconocimiento parece insostenible.
Por su parte, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ya avisó de que esto podía pasar. El jefe del ejecutivo canario explicó que con estos niveles de presión migratoria los sistemas de control no podían funcionar. Y es que solo las Islas gestionan del orden de 5.500 menores.
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