Destapan otro caso de 'graves irregularidades' en la gestión pública en Cataluña

Una encomiable labor de investigación del periodista Josep Comajoan en el digital Setembre ha destapado un caso de “graves irregularidades” en el Consorci Hospitalari de Vic. Una auditoría de la Generalitat ha detectado “indicios” de fraccionamiento de contratos menores, contratación irregular y extralimitación de las funciones de la gerente. Así lo especifican las conclusiones del informe correspondiente al ejercicio de 2022, al que ha tenido acceso Setembre pese a las trabas tanto de la Generalitat como del Consorcio.

El Consorcio Hospitalario de Vic es la institución pública que gestiona el servicio sanitario para los 160.000 habitantes de la comarca de Osona. El ente está integrado por la Generalitat de Cataluña y la Fundación Hospital de la Santa Creu de Vic. Funciona como un consorcio administrativo de carácter público e institucional, y consta de un consejo de gobierno cuyo vicepresidente es el alcalde de Vic, Albert Castells (Junts).

Las “irregularidades” señaladas por los auditores se produjeron en el ejercicio de 2022, cuando la Consejería de Salut estuvo en manos de Josep Maria Argimon (Junts).  En octubre de aquel mismo año fue relevado en el cargo por Manel Balcells, de ERC. 

La Sindicatura de Cuentas publicó recientemente un duro informe sobre la gestión en el Departamento de Salut correspondiente a aquel período. A través de una auditoría advirtieron de irregularidades en la adjudicación de contratos, y “graves incumplimientos de la legalidad”. Esto vuelve a poner el acento sobre las deficiencias de la gestión pública en manos de ERC y Junts, los dos partidos que se han repartido el poder en Cataluña esta última década.

Graves irregularidades en el Consorcio Hospitalario de Vic

La Intervención de la Generalitat ha detectado varias irregularidades, entre las que destacan la extralimitación de funciones de la gerencia y la adjudicación irregular de contratos. Además, se hace referencia a “indicios de fraccionamiento de contratos menores”. En otra auditoría externa de 2023, se detectó un préstamo de 400.000 euros concedido de forma irregular.

En el informe se advierte que la gerencia se ha extralimitado en sus funciones sin justificación, y sugiere que podría haberse saltado los mecanismos de control del Consejo de Gobierno. Esto casa con la versión del alcalde de Vic, que asegura no haber tenido conocimiento del caso hasta que ha salido en la prensa. Castells reafirmó en el pleno municipal de la semana pasada su “total confianza” con el actual consejo de gobierno del consorcio.

La auditoría señala también deficiencias en la contratación menor, con la existencia de contratos que excedían tanto la duración como el importe de ejecución fijados por la ley. El caso más grave es el de supuestos fraccionamientos y la facturación irregular de 7,5 millones de euros a la sociedad SAS (Servicios Auxiliares a la Sanidad).

Lo que dicen los auditores es que el Consorcio, órgano público, ha realizado encargos al SAS, entidad privada, incumpliendo la Ley de contratos del sector público y la Ley de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Esto constituye, según el informe, “una grave irregularidad”.

Por eso insta al Consorcio a “tomar las medidas adecuadas para evitar encargar servicios y adjudicar contratos al margen de la ley”. El Consorcio se excusó diciendo que no son contratos “onerosos”, y que por lo tanto no se les aplica la ley de contactos. Una alegación que fue rechazada por la auditoría, que se reafirmó en sus conclusiones.

La auditoría ponía la lupa sobre la gerente

La relación entre el Consorcio y el SAS es lo que más ha llamado la atención de los auditores. El Consorcio tiene una participación del 30% en el accionariado de esta sociedad, y resulta que la presidenta del SAS, Sara Manjón, es al mismo tiempo la gerente del Consorcio. Así mismo, el apoderado del SAS es Josep M. Giménez Pérez, director económico y financiero del Consorcio Hospitalario de Vic.

Sara Manjón fue nombrada gerente del Consorcio Hospitalario de Vic en septiembre de 2021, y es la única que tiene un contrato de alta dirección con un salario anual de 126.428 euros. La auditoría de la Generalitat reprocha que su contratación se hizo “sin un proceso de selección y sin acreditación de los méritos o capacidades de la persona seleccionada”.

Pero lo más grave es que, según el informe, la gerencia se extralimitación en sus atribuciones de contratación “de manera generalizada”. Tras ser nombrada en 2021, se acordó que la gerente podría ejercer las funciones de contratación correspondientes al Consejo de Gobierno, siempre que los contratos no excedieran el millón de euros, en el caso de obras, o los 250.000 euros, en el caso de servicios y suministros. En virtud de este acuerdo, la gerente también puede asumir las contrataciones que superen estas cantidades siempre y cuando sean ratificadas por el Consejo de Gobierno.

Los auditores señalan que la gerente habría ejercido funciones de contratación que incumplen el acuerdo, y además sin la ratificación del Consejo de Gobierno. Sugieren que ha habido una falta de control interno que ha permitido los mencionados excesos por parte de la gerencia.

Más casos como el escándalo de la DGAIA

Las irregularidades en el seno del Consorcio Hospitalario de Vic se produce con el escándalo de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) aún caliente. La Sindicatura de Cuentas destapó en una auditoría "graves irregularidades" en la gestión de este organismo público dependiente de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat.

Las irregularidades en la DGAIA se produjeron al menos entre 2016 y 2020, cuando la Consejería y la DGAIA estaban en manos de ERC. Por la dimensión de las ilegalidades señaladas en la auditoría, nos encontramos ante uno de los casos de presunta corrupción más graves de los últimos años en Cataluña. Se revelaron, por ejemplo, irregularidades en la adjudicación de contratos, y de ayudas y subvenciones millonarias.

Como en el caso del Consorcio, en la DGAIA también operava una opaca relación de supuestos favores entre el organismo público y diversas fundaciones privadas. Fundaciones aparentemente sin ánimo de lucro que estaban dirigidas por excargos de ERC o personas afines al partido.

Todo esto pone en evidencia no solo la negligencia de la gestión pública en manos de Junts y ERC, sino también la perversión de un sistema de poder que ha funcionado durante años. Los partidos intentan ahora tapar los escándalos, montando una comisión de investigación trampa en el caso de la DGAIA, y obstaculizando el acceso a los informes de auditoría en el caso del Consorcio Hospitalario de Vic.