El dato del origen de los matrimonios forzados que la Generalitat no quiere que sepas

La Generalitat ha facilitado recientemente los datos de los matrimonios forzados de que se tiene constancia en Cataluña. Desde 2009 a 2021 se detectaron casi 200 casos. Entre 2019 y 2023 se han registrado 76 casos, con un repunte de 18 casos este último año.

No solo los datos resultan alarmantes. Los educadores en el ocio del Raval han denunciado hace poco la situación de vulnerabilidad de muchas adolescentes sometidas a un férreo control familiar. Las chicas son aisladas socialmente cuando llegan a la pubertad, muchas veces como fase preparatoria para los matrimonios concertados.

La gran mayoría de los casos tienen lugar en la franja de edad de los 13 a los 21 años, y especialmente entre los 16 y los 18. El matrimonio forzado y el matrimonio infantil son prácticas terminantemente prohibidas en España y en Europa. Pero es un fenómeno al alza.

La Generalitat facilitó los datos a petición de Vox, pero se negó a revelar el origen de las familias. Según manifestó la Consejería de Igualdad en el documento, "se tiene que abordar como una grave vulneración de los derechos humanos. Pero el origen de las familias no es un dato relevante a la hora de tratar este tipo de violencias".

Pero para erradicar un fenómeno es esencial conocer sus raíces. Y en este caso, el factor cultural sí es determinante para comprender una práctica hasta hace poco erradicada en las sociedades occidentales.

Los datos en Cataluña

El primer dato relevante es el de los países donde la práctica de los matrimonios forzados sigue siendo legal o común. El país que lidera el ranking en Níger, donde el 76% de las niñas se casa antes de los 18 años. Le siguen otros países africanos como Senegal, Chad, Mali, Sudán y Burkina Faso.

Esta es una práctica también muy extendida en los países del Asia meridional, como Indonesia, Pakistán y Bangladesh. En India se registra uno de los mayores números de matrimonios infantiles.

Aunque de forma más residual, también es presente en algunas culturas latinoamericanas y en Europa del este.

En Cataluña hay un porcentaje muy elevado de inmigración africana, y está creciendo aceleradamente la inmigración de origen surasiático.  

Según datos del Idescat, en Cataluña hay una importante concentración de personas procedentes de Pakistán, Filipinas, India y Senegal. Países todos ellos donde está práctica es legal, o común. En Filipinas, por ejemplo, se prohibió por ley en 2022 pero se sigue practicando como parte de las costumbres ancestrales.

En Barcelona la concentración de estas nacionalidades es aún mayor. El caso paradigmático es el del Raval, donde se detectan muchos de estos casos. En este barrio barcelonés hay 23.800 habitantes, de los cuales el 50% son extranjeros (4.500 de Pakistán, 4.000 de Filipinas, 3.000 de Bangladesh y 1.000 de la India). 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos casos se localizan en la zona metropolitana de Barcelona, en la propia Barcelona y en la zona de Tarragona. Por lo tanto podemos establecer una relación lógica entre las zonas geográficas y el origen de la inmigración.

La nacionalidad sí importa en este caso

La Generalitat se niega a ofrecer los datos del origen de las familias para no estigmatizar. Pero los estudios revelan que en este caso el factor cultural sí es determinante, ya que se trata de una práctica arraigada en algunas tradiciones culturales.

Muchas de estas tradiciones se basan en una visión de la mujer como un ser dependiente o incapaz de funcionar de manera autónoma. Las niñas son vistas como una responsabilidad de los padres hasta que se casan, cuando pasan a ser responsabilidad de los esposos. También influyen factores económicos (deudas, dotes) y antropológicos (honor familiar).

Los países donde esta práctica sigue siendo común comparten varios aspectos como la extrema pobreza, el poco desarrollo cultural y la persistencia de tradiciones atávicas. No ha habido por lo tanto una transición a la modernidad. Ahora estas prácticas se están exportando a regiones desarrolladas y con un alto nivel cultural y de modernidad, como Cataluña.

El tabú autoimpuesto de la Generalitat en este tema es otro ejemplo del buenismo institucional en Cataluña. Aunque en este caso la prioridad debería ser la protección de las víctimas, muchas de ellas menores de edad.