
Ciudades húngaras piden hablar la lengua y los antecedentes penales para empadronarse
La Ley de Protección de la Identidad Local plantea un cambio de paradigma en esta cuestión
Si quieres empadronarte en la ciudad húngara de Sátoraljaújhely tienes que presentar un certificado de antecedentes penales y una acreditación de conocimiento de la lengua húngara. Esta es solo una de las localidades de Hungría que ha endurecido los requisitos para acceder al padrón. Este modelo está suscitando interés en Cataluña, donde varios ayuntamiento también piden un control más riguroso del empadronamiento.

En España, para empadronarse, solo se requiere un documento de identidad (DNI o pasaporte), un contrato de alquiler o de propiedad, y rellenar un formulario. La ley española contempla el empadronamiento como un deber, pero también como un derecho. El padrón es además condición necesaria para acceder a servicios como la sanidad o la educación.
Algunos partidos y entidades sociales consideran que el empadronamiento es un deber ineludible de los ayuntamientos. Quieren obligar por ley a empadronar a todo el que lo pida, incluso si no cumple los requisitos. De hecho, hay ayuntamientos que ya empadronan de forma fraudulenta.
Otros sectores se rebelan contra lo que consideran una amenaza para el orden y el equilibrio de los servicios públicos. En Cataluña, varios ayuntamientos han empezado a ponerse duros con esta cuestión.
En medio de este debate surge el ejemplo de algunas ciudades de Hungría, donde se aplica una rigurosa normativa.
Ley de protección local: un cambio de paradigma
Hungría aprobó el 1 de junio de 2025 la Ley de Protección de la Identidad Local, que ofrece a los gobiernos locales herramientas legales para preservar la identidad de su lugar. La nueva ley restringe la compra y el alquiler de bienes inmuebles. Su finalidad es proteger los valores comunitarios, la imagen del lugar y la composición social frente al crecimiento indeseado y la especulación con bienes inmuebles.
Sátoraljaújhely es una de las ciudades que aplica de forma estricta esta ley. Para empadronarse allí hay que acreditar un conocimiento básico del húngaro a nivel conversacional. Además, tendrás que presentar un certificado de antecedentes penales y buena conducta, un título de estudios secundarios, y una acreditación de ausencia de deudas.
Según han anunciado las autoridades locales, en la propiedad debe haber al menos diez metros cuadrados por persona. El solicitante debe acreditar además una relación laboral estable o el cobro de una pensión.

Otra ciudad que se acogió a la ley fue Taktaharkány, donde se establece la preferencia de compra o asentamiento a los locales. En Kiskunhalas, otro municipio, se promulgó un decreto que prohíbe el empadronamiento a personas con antecedentes penales. También se aplica la ley en Mezokeresztes, donde se pretende garantizar el bienestar de los residentes locales y preservar las tradiciones y la cultura local.
La ley prohíbe la discriminación
Algunos sectores han protestado contra la ley porque consideran que fomenta la discriminación (por ejemplo de la comunidad gitana). Pero el Gobierno de Viktor Orban ha respondido de forma contundente: la ley no solo es beneficiosa porque protege a los comunidades locales, sino que además prohíbe expresamente la discrminación.
El ministro de Administración Pública, Tibor Navracsics, recordó que la ley contempla preceptos legales para ser impugnada ante cualquier sospecha de discrminación. Navracsics negó rotundamente que la ley sea un instrumento para intentar expulsar a las comunidades romaníes.
En este sentido, el ministro ha reconocido que algunas medidas impulsadas en ciertos municipios pueden ser contrarias a la ley. Por ejemplo, el requisito de acreditar la educación secundaria, ya que la Constitución prohíbe la discrminación por razones de educación. En este sentido ha prometido que serán contundentes para que la ley se aplique de forma estricta pero sin discriminación.
Eso sí, Navracsics ha defendido los beneficios de la Ley de Protección de la Identidad Local. Por ejemplo, prohibir la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros que casi nunca van al pueblo, como está sucediendo en varios lugares de Hungría.
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