Google Cataluña tiene capacidad para acoger 2.650 menas, según el Gobierno
Junts y el ejecutivo pactaron una reducción de estos menores
El ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto el cual fija la capacidad ordinaria de acojida de cada territorio en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Esto situaría a Cataluña como la segunda comunidad autónoma que más tendría que acoger, a unos 2.650 menas, solo por detrás de Andalucía (2.827). Pero debido al acuerdo entre Junts y el gobierno central, Cataluña solo tendrá que acoger a 31.
Los menas en Cataluña
Los centros de acogida de menas en Cataluña están al límite de su capacidad. Aunque en principio podrían acoger hasta 2.650 menores, muchos de estos funcionan al 160% de su capacidad. Esta saturación ha generado situaciones precarias, con menores alojados en salas de espera sin luz natural ni acceso a actividades al aire libre durante varios días.
La inmigración es un debate social presente en Cataluña | Europa Press
La inversión en estos centros ha sido grande: entre 2016 y 2020, la Generalitat destinó casi 1.000 millones de euros, de hecho la Sindicatura de Cuentas detectó irregularidades en la gestión de recursos. La presión sobre los servicios sociales y la falta de planificación han convertido la acogida en un reto complejo, poniendo en evidencia la necesidad de una gestión más eficiente y transparente.
La polémica sobre los menas en Cataluña se intensifica por la edad real de estos jóvenes. Según datos de la Fiscalía, desde 2018 solo el 45% de las pruebas realizadas han confirmado que los menores bajo tutela son realmente menores de edad. El resto, más de 20.000 casos, ha sido clasificado como mayor de edad, muchos de ellos archivados o pendientes, en gran parte porque los propios jóvenes abandonan los centros.
El resultado es un sistema al límite, donde los servicios sociales no dan abasto y la atención a los menores queda comprometida. La saturación evidencia la incapacidad del Ejecutivo catalán para gestionar la acogida de manera ordenada y segura. Esto ha dejado en entredicho su responsabilidad y la protección de los menores que dependen de ellos.
El precio de esta política migratoria
Este reparto de menas responde a la saturación sin precedentes que sufren en las Islas Canarias, donde actualmente tienen bajo tutela a 5.484 menores. La presión sobre los centros canarios ha obligado al Gobierno a trasladar menores a otras comunidades, incluyendo Cataluña, aunque la cifra asignada sea mínima respecto a la capacidad real de acogida.
El traslado de menores no es solo un reto logístico, sino un coste social y económico elevado. Los recursos de las comunidades receptoras se ven tensionados, los servicios sociales trabajan al límite y los centros deben adaptarse rápidamente a la llegada de jóvenes con necesidades diversas y complejas. Todo esto se suma a la sensación de improvisación y falta de planificación que caracteriza la política migratoria actual.
En definitiva, la saturación en Canarias y el reparto desigual ponen en evidencia que la política migratoria española no está diseñada para gestionar de manera ordenada la llegada de menores extranjeros. El precio de esta improvisación lo pagan los menores, los servicios sociales y las comunidades receptoras, mientras el Ejecutivo central evita asumir responsabilidades claras.
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