
Primer aval de Europa a la Ley de amnistía: los tribunales españoles decidirán
A falta del pronunciamiento definitivo de Luxemburgo, esta decisión da aire tanto al PSOE como al procesismo
El Gobierno y los partidos procesistas respiran este jueves, aunque solo a medias. El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, ha concluido que la Ley de Amnistía no vulnera la normativa comunitaria, ni en materia de terrorismo ni en la protección de los intereses financieros de la UE. No ve tampoco rastro de “autoamnistía”. Su dictamen no es vinculante, pero suele marcar el sentido final de la sentencia.
La lectura política es evidente. No se trata de una victoria completa, pero sí de una no-derrota decisiva, especialmente para el Gobierno de Pedro Sánchez y para ERC y Junts. Bruselas no tumba el corazón de la ley, y eso, en el contexto actual, ya es mucho. Sin embargo, el balón vuelve ahora al campo español. El TJUE previsiblemente validará la norma, pero el conflicto se resuelve donde siempre ha estado: en los tribunales españoles.

Spielmann abre la puerta, pero no limpia el camino
El abogado general desmonta los dos grandes argumentos que originaron las cuestiones prejudiciales. Ni la malversación afecta a fondos europeos, ni las conductas vinculadas al terrorismo chocan con la directiva comunitaria. Spielmann describe una desactivación “parcial y temporal”, que no compromete la eficacia del marco jurídico europeo.
También descarta que la ley pueda considerarse una “autoamnistía”. A su juicio, se enmarca en un contexto político que Europa interpreta como un proceso de reconciliación institucional. No incluye delitos que la jurisprudencia europea considera intocables, como los vinculados a violaciones graves de derechos humanos.
El único reproche técnico afecta al plazo de dos meses para que los jueces españoles apliquen la ley. Una objeción procesal que no afecta al fondo. Por eso, todo apunta a que el TJUE sentenciará en una línea similar: la ley no contraviene el derecho europeo.
La patata caliente regresa a España
El dictamen de Spielmann no cierra la batalla, sino que la reabre, y la devuelve a los jueces españoles. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantienen los procedimientos congelados. Ahora tendrán que reactivarlos cuando llegue la sentencia firme del TJUE.

Aquí es donde empieza la segunda parte del conflicto. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya advirtió hace meses que el recorrido de la ley sería complejo, y que difícilmente podría quedar completamente resuelto antes de 2026.
Es decir: el aval europeo despeja la pista, pero no acelera el aterrizaje. La aplicación práctica seguirá bloqueada en una batalla judicial que aún tiene por delante recursos, interpretaciones y eventuales revisiones constitucionales.
El Ejecutivo de Sánchez, en definitiva, evita el peor escenario: una desautorización frontal desde Luxemburgo. ERC y Junts también ganan margen para defender que la ley sigue viva. Pero nadie sale celebrando todavía una victoria rotunda.
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