
El tiempo se acaba
La crisis de confianza, los escándalos internos y la caída de alianzas hunden la credibilidad del Ejecutivo
Vivimos un momento —no solo de crisis política, sino de credibilidad rota— que pone en evidencia que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido el fundamento sobre el que asentar su presidencia: apoyos sólidos, confianza ciudadana y un proyecto realista que venía a luchar contra la corrupción del PP. Por eso, por encima de todo, ha perdido el énfasis moral. Y hoy —después del fracaso de la votación de la senda de déficit, la judicialización de casos que rodean su entorno y la huida de los últimos socios que le quedaban— resulta imposible negar que el tiempo se acaba para este ejecutivo.
El rechazo masivo en el Congreso de la propuesta de senda de déficit —prerrequisito para los presupuestos de 2026-2028— ha dejado claro que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y que sus días de “eficacia legislativa”, algo de lo que sigue presumiendo Pedro Sánchez, se han desvanecido. Si no puede ni garantizar la estabilidad económica, ¿cómo pretende seguir gobernando? Y todo ello cuando la economía y el equilibrio presupuestario son ingredientes básicos para que cualquier gobierno sostenga su credibilidad.

Pero la cuestión económica no es la única, ni de lejos la más grave. Lo que sacude profundamente la confianza ciudadana es la erosión moral: el encarcelamiento de figuras clave como José Luis Ábalos y Santos Cerdán —antiguos pilares del PSOE y del proyecto de Sánchez— ratifica ante los ojos de muchos lo que muchos ya sospechaban: que la corrupción no era un problema marginal, sino estructural. Y que no solo eran unas cuantas manzanas podridas, como dice Gabriel Rufián mientras negocia su aterrizaje de una u otra manera en el PSOE para seguir cobrando de lo público. Begoña, el hermano… son muchas manzanas que todas orbitan alrededor de Sánchez.
También está el caso que afecta al ahora exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un uso irregular de información confidencial contra una rival política. Es la primera vez que un fiscal general es condenado —y la reacción del Gobierno, defendiéndolo con contundencia a pesar de la condena, revela un desafío directo al principio de separación de poderes, al que la judicatura —y gran parte de la ciudadanía— reclama respeto.

Este panorama ha provocado el pinchazo final de las alianzas que hasta ahora mantenían artificialmente a flote el gobierno: el apoyo de Junts se ha deshecho del todo anunciando vetos a todas las leyes del Gobierno y se niega a darle apoyo a los presupuestos. La cosa no acaba aquí: sectores históricamente aliados, de la izquierda o periféricos, tienen cada vez más dudas. El descontento se extiende no solo entre el electorado, sino dentro del propio PSOE.
Mientras tanto, el resto de la coalición —organizaciones políticas como ERC, Sumar, Podemos, BNG o Bildu— siguen sosteniendo un gobierno gravemente cuestionado. Con la presunta corrupción y los escándalos crecientes, estos apoyos ya no son una cuestión técnica, sino ética. Continuar dando cobertura política a este Gobierno equivale a tragarse la sospecha —o la realidad— de la pésima gestión —política e institucional— y cargar con las consecuencias.
Los gritos de alerta, incluidos los procedentes de socios tradicionales, no se han hecho esperar. Desde formaciones políticas y desde la calle se señala la incapacidad de gobernar con dignidad y con mayoría, la erosión de la credibilidad pública y la inviabilidad clara del proyecto. Esta situación no puede sostenerse indefinidamente.

Y en este contexto, mantenerse “aferrado al poder” —sin apoyos reales, sin presupuestos, sin confianza institucional— ya no es solo una estrategia política: es una irresponsabilidad. Ante tanto desgaste, tanto descrédito y tanto riesgo para la institución pública y la democracia, resulta imperativo reconocer una evidencia: el tiempo se acaba.
Por dignidad política, coherencia con el interés común y respeto a la ciudadanía, la opción correcta ya no es resistir hasta 2027, sino abrir la puerta a una alternativa más limpia, transparente y legítima: unas elecciones. Que sean los ciudadanos —y no una camarilla agotada— los que decidan si este proyecto merece continuar.
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