La Moncloa se sienta en el banquillo

Se suceden en España los acontecimientos que hasta la fecha de hoy podían tildarse de inéditos, no solo dentro de los límites territoriales de nuestro país, sino también en el conjunto de democracias de nuestro entorno. A este respecto, estas semanas nos corresponde asistir a la vista del juicio oral al fiscal general del Estado, llevada a cabo nada menos que en el Tribunal Supremo.

No resulta sorprendente, por otra parte, que tropiezos de esta naturaleza puedan producirse cuando se instrumentalizan las instituciones del Estado para servir intereses ajenos a los que corresponden a un órgano de la relevancia y neutralidad que debe caracterizar a la Fiscalía. Lo cierto es que el riesgo de incurrir en algún tipo de irregularidad se vuelve casi inevitable, a la luz de los precedentes que rodean al entorno más cercano del presidente Sánchez.

Volviendo a la cuestión central, siendo esta el proceso penal, lo que estamos presenciando en el citado juicio se revela como una estrategia procesal del todo inédita. Al parecer, para demostrar su inocencia, tanto el fiscal general como la asesora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera —quien le hizo llegar la información a Juan Lobato para que la utilizara en la Asamblea de la Comunidad de Madrid—, han tenido la brillante idea de eliminar todo rastro de evidencia probatoria existente en sus terminales móviles.

Por otro lado, en las recientes tomas de declaración realizadas a distintos testigos, han aflorado una serie de periodistas, como si de setas en una noche húmeda se tratara, asegurando que ellos tuvieron acceso a los datos filtrados una semana antes de que saltara a la prensa. Según dicen, su fuente no fue, en ningún caso, el fiscal general del Estado, por lo que se han apresurado a determinar la inocencia del acusado, marcando así un clima de opinión favorable al señor García Ortiz.

A partir de todo lo expuesto, debo mostrar mi estupefacción por la sorprendente coordinación sobrevenida de versiones, procedentes todas ellas de la “progresía” mediática, en lo que parece un intento desesperado de encauzar el relato público antes de que las pruebas, o su ausencia, contribuyan a que los miembros del tribunal determinen la verdad de los hechos. Es, sin duda, un claro ejercicio de opinión sincronizada —uno más— de lo que el presidente Milei denominaría la “prensa ensobrada”, en este caso de España.

A todo ello se suma el inquebrantable apoyo que el Gobierno de España lleva brindando al acusado desde que se tuvo conocimiento de la notitia criminis, erigiéndose de esta manera como adalid de una de las partes del procedimiento penal. Lejos de mantener la neutralidad institucional que, en mi opinión, exige el cargo, Moncloa ha optado por blindar políticamente al acusado, convirtiendo su defensa en una cuestión de Estado, como si de un miembro más del gabinete se tratara.

Ello constituye, no solamente un descrédito para el Gobierno, al cual le queda ya poco que perder en ese aspecto, sino un estado de cosas digno de cualquier régimen político de corte más bien bolivariano. Otro ejemplo de ello, redundando en el posicionamiento del Gobierno, es el titular que ha dejado Sánchez en la entrevista que le ha realizado El País: “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”. ¿En qué momento se ha normalizado que el Poder Ejecutivo se inmiscuya de lleno en las prerrogativas que competen al Poder Judicial? Como saben, no hablamos de una simple imprudencia verbal ni de un exceso de entusiasmo partidista, sino de una maniobra más para condicionar la percepción pública y anticipar el relato antes de que lo haga la Justicia.

Todo ello permite concluir que el Gobierno está allanando el terreno para justificar cualquier resultado del proceso. Si finalmente resulta absuelto, presentarán al fiscal general como víctima de una persecución injusta y alimentarán el discurso de que se ha atacado sin fundamento a una figura clave del Estado. Pero si, por el contrario, el tribunal opta por la condena, el Ejecutivo y su aparato mediático desatarán una ofensiva de descrédito contra la Justicia, consolidando el relato de que el fiscal fue objeto de una causa fabricada por motivos políticos. En ambos casos, la estrategia es la misma: deslegitimar a las instituciones que todavía conservan independencia y sembrar la idea de que solo el Gobierno encarna la verdad.