Los deberes para 2026

Estamos a las puertas de un nuevo año. Uno más. Pasan los meses como quien no quiere la cosa, cada vez más rápido, pero hay problemas que año tras año siguen enquistados. Todos tienen que ver con la política y la mayoría con una afectación directa sobre el día a día de los ciudadanos.

Cerramos otro año con miles de personas sin capacidad para acceder a una vivienda justa. Y no, no me refiero a los okupas de Badalona, me refiero a quienes trabajando y teniendo un sueldo, somos incapaces de poder comprarnos una vivienda propia, resignándonos a un mercado de alquiler cada vez más caro, inaccesible y con una oferta más cuestionable.

Las administraciones hablan mucho del problema de la vivienda. Hacen muchas propuestas y prometen construir y construir. De hecho, si miramos a Cataluña, hace más de una década que el expresidente José Montilla prometió 50.000 viviendas de protección oficial que nunca llegaron y que ahora Salvador Illa ha vuelto a prometer. Son urgentes y con precios realmente limitados y económicos.

Solucionar las crisis de la vivienda es una de las principales emergencias que tiene este país. Ya llegamos tarde. Pero también lo es poner orden en la entrada de inmigrantes, para no ser únicamente una puerta de entrada a Europa sin salida, y garantizar a todos aquellos que llegan por las vías legales los derechos mínimos que toda persona debe tener garantizados.

Abordar el tema de la inmigración con seriedad, sin complejos, con la determinación que requiere, es clave para frenar los extremismos que amenazan la convivencia de una sociedad que hace tiempo que vive en paz y quiere seguir viviendo así. Por eso las administraciones deben aparcar el buenismo institucional y hacer una radiografía real del problema para ponerle solución.

De la forma en que se aborde la nueva realidad migratoria dependerá también la calidad de nuestros servicios públicos. Siempre hemos sido un país avanzado en la respuesta social. Pero el colapso de nuestros hospitales y escuelas, a causa de la gran afluencia de usuarios —una parte de los cuales sin contribuir económicamente a su sostenimiento— nos obliga a repensar el sistema.

Todo esto tiene mucho que ver con la falta de planificación de las administraciones, es cierto, pero también con la falta de unos presupuestos tanto en Cataluña como en España que permita a las administraciones implicadas decidir sobre el dinero real del que se dispone. Y aquí la culpa recae únicamente en los partidos políticos, más obsesionados con sus intereses electorales que con el bienestar de la ciudadanía, que es para lo que se les votó.

A quienes gobiernan, sobre todo a Pedro Sánchez, se les debe reclamar más diálogo y voluntad negociadora. Nada de querer imponer como ha hecho hasta ahora. Si sus socios piden mucho, se mira hacia el PP. Y a los socios que tengan altura de miras y dejen de ser unas ratas. En el ámbito autonómico, el presidente Illa ha hecho los deberes y creo que los ha hecho bien, con generosidad. Aquí el problema radica en una oposición, principalmente Junts y ERC, que piensan en otras cosas que no son el progreso de Cataluña.

Del nuevo 2026 que iniciaremos esta semana surgen muchas dudas. Sabemos que los aragoneses, los castellano-leoneses y los andaluces votarán de nuevo a sus representantes. Veremos si nos tocará hacer lo mismo a los catalanes, a pesar de que al Govern le quedan dos años de legislatura, o al conjunto de los españoles, si Illa y Sánchez no pueden gobernar.