Cataluña, ante el colapso de las pensiones: la verdad incómoda que solo Aliança Catalana se atreve a abordar

Hace unos días retumbaban en el salón de plenos del Parlament de Cataluña las siguientes palabras: “El sistema de pensiones[…]es una estafa piramidal de proporciones bíblicas”. Como no, fue la lideresa de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quien tuvo el arrojo de expresarse en esos términos la cámara de representación catalana. A este respecto, parece no acabar nunca su voluntad de demoler los trasnochados consensos partidistas que, en multitud de ocasiones, no generan más que problemas sin resolver.

Como era de esperar, se ha quedado sola en esta batalla, al igual que en tantas otras. Resulta demasiado arriesgado para un partido que pretende ganar las próximas elecciones poner en tela de juicio un modelo económico del que dependen aproximadamente 1,8 millones de catalanes, lo cual representa un porcentaje ciertamente elevado del censo electoral.

A la vista de la gráfica, resulta evidente que, si a día de hoy los ingresos ya no son suficientes para cubrir el gasto que representan las pensiones, nos encaminamos hacia un escenario aún más complejo en los próximos años. Según datos del Ageing Report de la Comisión Europea (2023), el número de pensionistas alcanzará su máximo en 2047, cuando se estima que habrá alrededor de 16 millones de beneficiarios. Paralelamente, la población ocupada apenas superaría los 20 millones, una proporción que anticipa tensiones crecientes en la sostenibilidad del sistema y la necesidad de abordar reformas de calado para garantizar su viabilidad futura.

Actualmente, la partida presupuestaria —en los presupuestos generales del Estado de 2023— que corresponde al gasto en pensiones representa el 42% del total; y si a eso le sumamos otros gastos improductivos como el pago de intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo, el dato se eleva al 53%. No parece razonable destinar más de la mitad del gasto total del Estado a gastos que no van a repercutir de vuelta en el sostenimiento de este, más allá de los ingresos indirectos que se generen a través del consumo de quienes son beneficiarios de dichas prestaciones.

Si descendemos al detalle del volumen real de recursos que absorbe el sistema, la magnitud resulta aún más elocuente: en 2024, el gasto en pensiones alcanzó los 200.000 millones de euros, una cifra equivalente a más del 12% del PIB español. Para ponerlo en perspectiva, este importe, aproximadamente, duplica lo destinado a sanidad, triplica el presupuesto conjunto de educación de todas las administraciones y multiplica por más de diez el gasto en I+D, un área que supuestamente debería promover la competitividad futura del país. 

El contraste es demoledor: mientras España invierte cantidades testimoniales en innovación o en políticas familiares —las únicas capaces de corregir la deriva demográfica que alimenta el problema—, vuelca cada año una suma colosal en un sistema cuya estructura no hace sino tensionarse más con el paso del tiempo.

Atendiendo a lo expuesto, y volviendo al origen del artículo, celebro que al menos haya una voz que exponga el monumental problema que supone el sistema actual de pensiones para los jóvenes y las clases productivas de Cataluña. En este sentido, no es casualidad que Aliança Catalana se erija como una de las opciones políticas que más seduce a los jóvenes. De hecho, me atrevo a anticipar una subida aún mayor de la que ha pronosticado el último CEO para dicha organización política si continúan transitando por la senda de responder a los problemas reales de la ciudadanía. Cuestión distinta es si las propuestas manifestadas son las adecuadas o no, pero como mínimo realizan el diagnóstico y plantean soluciones.

En este punto, los partidos tradicionales, especialmente Junts y el Partido Popular —por ser los más proclives a integrar en su discurso determinadas proclamas económicas que alerten del problema de las pensiones— deben escoger si obrar con valentía o permanecer inanes frente al avance de opciones políticas que, ya sea por conveniencia o convicción, abordan este tipo de cuestiones de manera decidida. 

Resulta evidente que la magnitud del desafío exige algo más que eslóganes bienintencionados y reformas cosméticas. Requiere un ejercicio de sinceridad colectiva: reconocer que el modelo actual nació en un contexto demográfico y económico radicalmente distinto al actual, y que su mantenimiento sin cambios profundos implicará trasladar una pesada carga a las generaciones futuras. De ahí que resulte imprescindible abrir un debate amplio, riguroso y sin apriorismos, donde todas las fuerzas políticas —al menos las que aspiran a gobernar con visión de futuro— se sientan interpeladas a aportar soluciones y no solo a preservar su cuota de poder.

En definitiva, la irrupción de discursos que cuestionan el statu quo debería tomarse como una oportunidad —no como una amenaza— para suprimir progresivamente un modelo que hace tiempo muestra graves signos de agotamiento. Particularmente, el candidato popular a presidir el Gobierno de España, Núñez Feijóo, deberá escoger entre susto o muerte si llega a gobernar, esto es, reformar el sistema de arriba a abajo o permitir que la inercia actual del mismo nos conduzca a una situación de quiebra anunciada. El tiempo dirá si los líderes políticos están a la altura de las exigencias del momento o si, una vez más, optan por seguir pateando la pelota hacia adelante, confiando en que sean otros quienes paguen el precio de su falta de coraje.