El arte de tragar sapos

La anatomía del pacto imposible: Lecciones de la Transición para escenarios bloqueados.

La actual parálisis política en Venezuela y la perplejidad de observadores internacionales, que se preguntan por qué la oposición no ha desplazado ya a la cúpula chavista, invitan a una revisión desapasionada de la historia de cambios de regímenes que habían conseguido consolidarse, y tejer una red estructural sin fisuras en lo ideológico bajo la bota de liderazgos impuestos y oposiciones sometidas y anuladas.

La experiencia española tras la muerte de Francisco Franco en 1975 ofrece un espejo, no exento de dolor y contradicciones, que ilustra una realidad difícil de digerir: las dictaduras rara vez se evaporan de la noche a la mañana, especialmente cuando conservan el control del aparato coercitivo y una base social significativa.

Para entender por qué es necesario negociar con quien hasta hace poco era considerado un enemigo mortal, hay que comprender primero que, en estos escenarios, el "enemigo" no es un ente abstracto, sino una fuerza real con miedos, intereses y capacidad de defensa por todos los medios.

El miedo recíproco y la memoria de la sangre

Es un error analítico simplificar la resistencia del régimen franquista (o de cualquier régimen autoritario) como mera maldad caricaturesca. Existía un sustrato sociológico y emocional profundo que sustentaba la dictadura. Para una parte muy relevante de la sociedad española, y especialmente para la cúpula militar y los vencedores de la Guerra Civil, el conflicto de 1936-1939 no fue un capricho, sino una tragedia en la que también enterraron a sus muertos. A muchos de esos militares y civiles les habían matado familiares y amigos durante la contienda o en la represión de la retaguardia republicana.

Para estos sectores, el franquismo no era solo un sistema de poder, sino un muro de contención contra lo que percibían, con o sin exageración, como el "demonio comunista". Figuras clave como el almirante Carrero Blanco o el propio Franco veían en la masonería y el comunismo una amenaza existencial, unos "tentáculos" internacionales prestos a devorar la unidad de la patria y la religión. Este miedo no era fingido; era el motor de su resistencia al cambio. Veían la democracia liberal no como un ideal de libertad, sino como la antesala del caos que, según su experiencia vital, conducía inevitablemente a la filiación soviética y a la disgregación de España.

En este contexto de trincheras ideológicas, que en el caso de España lo fueron también reales y excavadas sobre el terreno, la oposición democrática, y muy particularmente el Partido Comunista de España (PCE) liderado por Santiago Carrillo, tuvo que hacer un ejercicio de realismo político brutal. Comprendieron que el régimen no iba a caer por un empuje revolucionario clásico porque el Estado conservaba el monopolio de la fuerza. El Ejército, la Guardia Civil y la Policía Armada seguían intactos y bajo el mando de oficiales formados en la victoria de 1939. La base social del partido en España era escasa y la mayoría del proletariado era más afín a propuestas más moderadas, como la del renovado Partido Socialista y sus nuevos líderes: jóvenes, alejados del marxismo y próximos a la socialdemocracia europea.

Esta asimetría de fuerzas obligó a la oposición a tragarse su orgullo y su dolor. Ya en la década de los 60, Carrillo reprendió severamente a los redactores de Radio Pirenaica por llamar "asesinos" a los ministros franquistas que habían firmado la pena de muerte del dirigente comunista Julián Grimau. Su razonamiento fue de una frialdad estratégica lapidaria: «Que sea la última vez, porque… con alguno de esos tendremos que pactar nosotros». Esta anécdota resume la esencia de una transición pactada: reconocer al verdugo como interlocutor político porque la alternativa es la perpetuación del conflicto o una nueva guerra civil.

La reforma desde dentro: El "Harakiri" de las Cortes

La transición española no fue una ruptura radical, sino una reforma pactada que requirió la colaboración de los sectores evolutivos del propio régimen. Fue necesario que figuras procedentes del Movimiento Nacional, como Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda, desmontaran el edificio institucional desde dentro, utilizando la legalidad vigente para transitar "de la ley a la ley y por la ley".

El hito fundamental de este proceso fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976. En un acto sin precedentes, las Cortes franquistas, compuestas por procuradores leales al régimen, votaron su propia disolución. ¿Por qué lo hicieron? No solo por presión popular, sino porque desde el gobierno se les ofreció una salida, una seguridad de que no habría revanchismo ni persecución inmediata. Se les convenció de que la reforma era la única manera de preservar la estabilidad y evitar que el "caos comunista" que tanto temían se hiciera realidad.

El consenso implicó renuncias dolorosas para ambas partes. Para la izquierda y los demócratas, significó aceptar la Monarquía restaurada por Franco, no en la figura del heredero y pretendiente oficial, D. Juan de Borbón, sino en la de su hijo Juan Carlos, en un acto de clara revancha a las tensiones y desafíos al que el tercer hijo de Alfonso XIII había sometido al dictador. También debieron asumir la bandera rojigualda (la del bando nacional) para evitar un golpe militar, como hizo el PCE en una decisión traumática para sus bases, y renunciar a la justicia penal por los crímenes de la dictadura.

Para los que hicieron la guerra en el bando vencedor, un nuevo régimen pasaba por reconocer a sus antiguos enemigos como parte del nuevo sistema: no solo los partidos políticos que habían conformado la Segunda República, también, y sobre todo, al que había sido más beligerante al régimen durante toda la dictadura: Al Partido Comunista. Ninguna formación política tuvo la capacidad de mantener estructuras, de intervenir en el interior y de recabar apoyos en el exterior como los de la hoz y el martillo, muy apoyados, evidentemente, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en plena efervescencia de la Guerra Fría.

La Ley de Amnistía de 1977, a menudo criticada hoy con el ventajismo de la distancia temporal y con las gafas de un presentismo cuasi infantil, fue en su momento una exigencia de la oposición para liberar a los presos políticos, pero también sirvió de escudo para los funcionarios del régimen, policías y militares que habían ejecutado la represión. Se decidió priorizar la convivencia futura sobre la justicia retroactiva. Se renunció a depurar las Fuerzas de Seguridad y la Administración, permitiendo que jueces, policías y militares del franquismo continuaran en sus puestos en democracia, se adaptaran a ella, y formaran parte del nuevo sistema junto a los nuevos cuadros que iban entrando por oposiciones justas y libres.

LA GESTIÓN DEL MILITARISMO Y LA TRANSICIÓN MILITAR

La amenaza de una regresión autoritaria fue constante. El Ejército, que se sentía guardián de las esencias patrias, vivió la legalización del Partido Comunista en 1977 como una traición personal de Adolfo Suárez. Altos mandos militares consideraban que se había escupido sobre la tumba de sus compañeros caídos en la Guerra Civil. El gobierno tuvo que navegar entre dos aguas, haciendo concesiones constantes para apaciguar el "ruido de sables" y desactivar conspiraciones golpistas que veían en la democracia la destrucción de España. Fueron también un puñado de militares, liderados por el general Gutiérrez Mellado, los que forzaron la transición militar y consiguieron apaciguar las reacciones, modernizar las Fuerzas Armadas, internacionalizarlas y que poco a poco se dedicaran única y exclusivamente a sus tareas constitucionales, con total renuncia a las mínimas injerencias políticas.

El realismo transaccional norteamericano: del «policía mundial» al «arrendador mundial»

La España de 1975 no es la Venezuela de 2025. Hacer comparaciones o buscar correlaciones es un ejercicio de fantasía en el que no deberíamos caer. El ejemplo de España es solo un espejo en el que reflejar que, las realidades suelen ser más testarudas que los ideales y las visiones excesivamente romantizadas. Ningún régimen se sostiene durante décadas únicamente a base de represión, todos tienen algún tipo de apoyo social que lo sustenta.

Es imprescindible contextualizar la parálisis venezolana en el marco de una transformación radical de la política exterior estadounidense, que parece haber aprendido las lecciones de las intervenciones fallidas en Irak, Afganistán, Siria o Libia. Washington ha enterrado el impulso misionero de cambiar el mundo a su imagen y semejanza, abandonando la pretensión de liberar países para abrazar una doctrina de realismo transaccional. Bajo la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos deja de actuar como el gestor de cambios de régimen rápidos motivados por ideales democráticos, procesos que a menudo derivan en caos incontrolable, para convertirse en un Estado mercantil que prioriza la seguridad de fronteras y mercados sobre la conquista de «corazones y mentes».

Este giro pragmático, bautizado por algunos analistas como el «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe, redefine el hemisferio occidental no como un hábitat para la democracia, sino como una zona de preeminencia absoluta donde la soberanía se entiende como un servicio. En este escenario, una eventual intervención o ataque de decapitación contra la cúpula venezolana, como el ejecutado y que, teóricamente podría desmantelar el régimen de Nicolás Maduro, ya no se justificaría bajo el paraguas legitimador de los derechos humanos, sino por la necesidad estratégica de expurgar a competidores extrahemisféricos como China, Rusia o Irán y gestionar activos vitales. Esta lógica de «pago por servicio» se extiende globalmente: la OTAN deja de ser un club de valores compartidos para operar como una aseguradora que cobra una prima a sus socios, y Taiwán abandona su estatus de «faro de libertad» para ser tratado como un activo tecnológico en forma de semiconductores o incluso una ficha de cambio negociable en los acuerdos comerciales con Pekín. En definitiva, la potencia norteamericana ha pasado de ser el «policía mundial» al «arrendador mundial», calculando cada movimiento en función de la estabilidad y el retorno de inversión, y no de la cruzada ideológica.

Mirando hacia Venezuela u otros procesos similares. El gabinete Trump ha reconocido que la lección histórica es áspera, pero clara: cuando una dictadura conserva apoyo social, como el llamado "franquismo sociológico" que prefería el orden a la libertad y que era mayoritario en 1975, y dispone además de todo el control militar, la victoria total de la oposición es una quimera. La única salida incruenta pasa por ofrecer garantías a los sectores del régimen dispuestos a reformarse, neutralizar sus miedos existenciales y aceptar que la construcción de la democracia a veces exige, paradójicamente, pactar con quienes trabajaron activamente para impedirla. No es un camino de justicia poética, sino de necesidad histórica.

En el caso de España se dio, además, la circunstancia de que elementos de la oposición habían combatido activamente en la Guerra Civil y habían sido también protagonistas de la represión de la retaguardia republicana, que no fue baladí.

Venezuela, salvando con mucho las distancias con España, y teniendo en cuenta los cambios de intereses de la política internacional norteamericana, se verá forzada al consenso, al pacto, a la inclusión del chavismo en el nuevo sistema que surja y al respeto institucional mutuo. Porque el régimen del 78, como hoy se llama a la época más próspera y estable de los últimos tres siglos de la historia de España, cambió por sí mismo. Hoy, medio siglo después, apenas queda nadie en cualquier administración que lo estuviera antes del periodo constitucional. Las oposiciones han sido libres, justas e iguales para todos y el que ha querido, se ha preparado y ha conseguido plaza en los puestos de la administración civil o militar actuales lo ha hecho sin enseñar más carné que el de identidad.

Las transiciones no son perfectas, idílicas, maravillosas o justas, son un proceso de cambio cuyas víctimas serán los ciudadanos. Así que, por el bien de ellos, no habrá mejor transición que la incruenta.