Jarro de agua fría para los propietarios de una casa en alquiler: cambio drástico

El mercado de alquiler en España está a punto de vivir una transformación significativa. Con el acuerdo reciente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, se empezarán a aplicar varias medidas.

Muchas de ellas afectan, como ya viene siendo habitual, a los propietarios de viviendas. Uno de los principales cambios tiene que ver con las viviendas en alquiler, con varias disposiciones que modifican substancialmente las reglas del juego.

Desahucios suspendidos, la nueva medida con los alquileres

Una de las decisiones más polémicas del decreto es la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables durante todo 2025. Esto significa que los arrendadores no podrán recuperar sus propiedades, si los inquilinos se encuentran en una situación económica difícil. Dicha medida está especialmente pensada para cuando el inquilino es incapaz de encontrar una alternativa habitacional.

En definitiva, un nuevo dolor de cabeza para muchos propietarios, que se verán incapaces de recuperar sus inmuebles. Para tratar de paliar dicha situación, los propietarios tendrán una línea pública de avales, que cubrirá los impagos derivados de contratos de alquiler. Es decir, el Estado se compromete a asumir los pagos pendientes, mientras los inquilinos no puedan ser desalojados.

Las medidas, aunque no convencen a muchos, trata de encontrar un equilibrio entre los intereses de los propietarios y la de los inquilinos. Claro está que, una vez más, el Gobierno no entra en el fondo de la cuestión: la falta de vivienda. Es por ello que las novedades han vuelto a generar algo de controversia entre los afectados.

¿Cómo funcionará el sistema de avales?

El sistema de avales será gestionado por las comunidades autónomas, con financiación estatal. Según sus impulsores, servirá para facilitar el acceso a la vivienda y evitar conflictos entre inquilinos y arrendadores. Sin embargo, hay letra pequeña, porque no todos los propietarios serán beneficiarios automáticos de esta ayuda.

Solo aquellos con inquilinos en situación vulnerable o menores de 35 años podrán acceder a estos avales. Además, para beneficiarse, el precio del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia.

El propietario también deberá haber cumplido con varias condiciones previas, como haber depositado la fianza correspondiente del alquiler y sus actualizaciones. Si el propietario recupera la vivienda, podrá solicitar el pago de los impagos dentro de los seis meses siguientes. Y siempre que exista una resolución judicial o un acuerdo que confirme la recuperación del inmueble.

Este paquete de medidas ha generado mucha polémica entre gran parte de los propietarios. Muchos lamentan que, de nuevo, tendrán que pagar los platos rotos, ya que no podrán hacer uso de sus viviendas con libertad. Y es que, en muchos casos, el objetivo no es poner la vivienda en alquiler de nuevo, sino disfrutarla.