Es oficial: Vodafone condenado a pagar una millonada por un error garrafal

Vodafone se vio envuelto en su día en un escándalo por prácticas de publicidad y venta que no solo generaron controversia. También tuvieron graves consecuencias económicas para la empresa.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso inicialmente a Vodafone una sanción de 8 millones de euros. El motivo fue que la compañía realizó llamadas y envió mensajes comerciales a clientes. Estos previamente habían mostrado su rechazo a recibir este tipo de comunicaciones.

A pesar de que los usuarios habían ejercido su derecho a no ser contactados, el operador ignoró sus solicitudes. Lo que derivó en una sanción de gran magnitud.

Este caso pone de manifiesto una violación a la normativa de protección de datos y privacidad. Establece que los consumidores tienen el derecho a rechazar el contacto comercial de cualquier empresa. Algo que Vodafone no respetó en varios casos.

Muchos de los afectados, incluso, estaban inscritos en la lista Robinson. Es un registro en el que los consumidores se dan de baja para evitar recibir publicidad no deseada. Sin embargo, aún en estos casos, los usuarios continuaron recibiendo llamadas y mensajes de Vodafone.

Vodafone defendió su papel

La reacción de Vodafone ante la sanción no se hizo esperar. La compañía defendió que las tareas comerciales eran realizadas por agentes externos. Es decir, empresas subcontratadas que operaban bajo su marca, pero que no estaban bajo su control directo.

Desde la perspectiva del operador resultaba difícil gestionar y supervisar estas acciones comerciales, ya que se trataba de agentes ajenos a su estructura. No obstante, este argumento no convenció completamente a las autoridades, que decidieron imponer la multa de 8 millones de euros.

Sin embargo, la historia no termina aquí. La empresa de telecomunicaciones decidió apelar la sanción y la Audiencia Nacional ha dictado un fallo que reduce la cuantía de la multa. En concreto a 4,5 millones de euros.

Ha estimado que Vodafone cometió una infracción al no cumplir con las solicitudes de los usuarios. Pero no ha obtenido un beneficio económico directo de este comportamiento. Lo que ha llevado a una rebaja en la sanción.

Además, el tribunal consideró que la empresa no actuó de manera negligente. Y es que su incapacidad para controlar a los agentes colaboradores fue por las dificultades inherentes al sistema de externalización.

Vodafone debe tomar cartas en el asunto

Este caso ha generado gran repercusión. Y es que pone en evidencia los riesgos de la externalización de servicios. Además de la importancia de garantizar que los agentes comerciales respeten los derechos de los consumidores.

La sanción también recalca la necesidad de que las empresas se aseguren de que sus prácticas comerciales sean respetuosas con la privacidad del usuario. Especialmente cuando se trata de comunicaciones no solicitadas.