Viven de alquiler social y amargan a medio barrio: el calvario de unos vecinos de BCN

Una constante del activismo de la vivienda en Cataluña es enmascarar la delincuencia con la supuesta vulnerabilidad de los inquilinos. En muchos casos, esto ha servido para amparar y legitimar la okupación. A la postre, ha contribuido a generar un clima de impunidad que explica por qué Cataluña lidera las okupaciones en todo el Estado.

Un ejemplo dramático es el calvario que está sufriendo una comunidad de vecinos en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. 

Los vecinos denuncian que desde mayo de 2020 llevan sufriendo graves problemas de convivencia provocados por inquilinos de viviendas sociales que gestiona la Fundación Hàbitat 3. 

Estas situaciones incluyen “realquileres ilegales, fiestas nocturnas reiteradas, daños materiales y comportamientos incívicos”. Los afectados describen lanzamiento de huevos en el patio de luces o el uso indebido del ascensor con llaves conseguidas de forma irregular”. 

“Desde hace más de cuatro años estamos sufriendo las consecuencias de la inacción ante conductas que alteran gravemente la convivencia”, lamentan. Y responsabilizan directamente a la citada fundación que administra los alquileres sociales.

“Entendemos y compartimos la necesidad de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero esta solidaridad no puede ser incompatible con el respeto a las normas de convivencia ni con una gestión responsable por parte de las entidades gestoras”, alegan.

Los vecinos ya no pueden más

Desesperados por la situación, los vecinos han decidido hacer público el problema con una carta a los medios de comunicación. En E-Notícies nos hacemos eco de su contenido, así como de la crítica de fondo en pleno debate social sobre la crisis de la vivienda.

Los afectados aseguran haber agotado todas las vías, “solicitando una mediación que nunca ha llegado”. Recuerdan que la obligación de la Fundación Hàbitat 3 como entidad gestora es “asegurar que sus inquilinos cumplen con las condiciones del alquiler social sin perjudicar al vecindario”. Pese a ello, afirman que “han hecho caso omiso durante años a nuestras peticiones de ayuda”.

Los vecinos ponen en cuestión la forma de gestionar los fondos públicos destinados a la vivienda social. “Nos resulta incomprensible”, dicen, “como una fundación que recibe recursos públicos puede actuar con esta falta de transparencia y responsabilidad”. Les acusan de “dejar desatendidos no solo a los inquilinos vulnerables, sino también a los vecinos que sufren las consecuencias de su mala gestión”.

Dar voz a otras comunidades

Finalmente, aclaran que su voluntad no es “estigmatizar” la vivienda social. Sino “garantizar un funcionamiento que respete tanto las necesidades de las personas vulnerables como la convivencia con las comunidades donde se integra”.

¿Por qué no ha habido ninguna intervención ni supervisión, y cuál es el compromiso real de esta fundación con sus propios programas?, se pregunta.

Desean que esta denuncia sirva para “dar voz a muchas otras comunidades que se encuentran en situaciones similares”.