Ajuntament de Barcelona Vecinos de toda Cataluña se organizan para plantar cara a las Zonas de Bajas Emisiones
La implantación de las ZBE es hasta la fecha un desastre: imposiciones, disparidad de criterios y oposición social
Lo que comenzó como un resquemor general se ha convertido en un movimiento ciudadano con ramificaciones por toda Cataluña. En ciudades como Reus, Manresa o Girona, centenares de vecinos han empezado a organizarse para plantar cara a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Son muchos los que consideran que es una medida desproporcionada y mal planificada.
El caso más paradigmático es el de Reus. En esta ciudad, el Ayuntamiento ha diseñado una ZBE que ocuparía hasta el 66% del término urbano, muy por encima del 3,4% previsto en municipios como Badalona. Esto ha provocado una movilización inédita. Un colectivo de más de 400 personas ha comenzado a empapelar la ciudad, organizar pancartas y preparar dos denuncias legales con abogados diferentes.
Su argumento es claro: Reus no presenta niveles de contaminación que justifiquen un perímetro tan amplio. De hecho, los valores actuales oscilan entre los 14 y los 17 microgramos por metro cúbico de NO₂, muy por debajo del umbral de 40 fijado por la OMS. Plataformas locales ya han anunciado denuncias judiciales, acciones vecinales y campañas de difusión contra una imposición injustificada que castiga a las clases medias y trabajadoras.
Un modelo desigual y con reveses judiciales
La protesta de Reus se enmarca en un contexto más amplio; cada vez son más los ciudadanos que cuestionan la forma en que se están implantando las ZBE en España. Y, por el momento, las decisiones judiciales les dan la razón de lleno.
Muchas ZBE han sido tumbadas por la justicia | Europa Press
En el último año, varios tribunales han anulado las ordenanzas municipales de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Cornellà o Esplugues. Sobre esto, cabe destacar una situación llamativa, y es que son los tribunales los que dan voz a los argumentos y razones de los ciudadanos. Así, por ejemplo, los jueces alegan en sus sentencias cosas tan básicas como la falta de previsión económica, impacto negativo sobre colectivos vulnerables y ausencia de diálogo sectorial.
La Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) ha recomendado recurrir todas las multas recibidas por circular en zonas restringidas, advirtiendo que muchas de ellas podrían anularse por vía judicial. El caso de Madrid es muy claro. En menos de tres años se impusieron 2,5 millones de sanciones por valor de casi 500 millones de euros. Muchas de estas multas podrían ser revocadas si el Tribunal Supremo ratifica la nulidad de la ordenanza.
Almeida ha firmado un gran fracaso con su ZBE | Europa Press
Más ciudades, más dudas
El problema, sin embargo, no es solo jurídico. Como ya señalaron algunos grupos ecologistas en 2021, el diseño legal de las ZBE ha sido deficiente desde su origen. La ausencia de una ley orgánica que unifique criterios ha dejado a los ayuntamientos un margen excesivo, generando una disparidad de modelos. Hay ciudades que ya multan, otras que devuelven el dinero y otras que aún ni siquiera han activado sus ZBE, pese a superar los 50.000 habitantes.
En Reus, por ejemplo, las cámaras de control empezarán a funcionar en septiembre, pero las multas solo se activarán a finales de año, primero para los no empadronados y luego para todos. La incertidumbre legal, la falta de alternativas de movilidad y el carácter impositivo de la medida alimentan el descontento. Mientras tanto, los vecinos siguen organizándose, convencidos de que la lucha contra la contaminación no puede hacerse a costa de la movilidad y el bolsillo de las familias.
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