La Unión Europea avisa que España recibe 'un nivel desproporcionado' de inmigrantes

La Comisión Europea ha incluido a España entre los países  que soportan una presión migratoria “desproporcionada”. Por tanto, podrá acogerse al nuevo mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El informe presentado en Bruselas identifica a España, Italia, Grecia y Chipre como los Estados más afectados.

El Ejecutivo europeo señala que España enfrenta un flujo de llegadas muy elevado debido a las operaciones de rescate y al crecimiento de la ruta atlántica. Según Bruselas, el volumen actual de entradas “no es sostenible” y requiere de un reparto equitativo entre los socios. La medida se enmarca en el nuevo Pacto Migratorio, que prevé trasladar al menos a 30.000 migrantes al año entre países de la UE.

En caso de que un Estado se niegue a acoger a las personas reasignadas, podrá compensar su rechazo con una aportación económica de 20.000 euros por cada traslado no efectuado. Esta “solidaridad flexible”, como la define la Comisión, permitirá también sustituir la acogida directa por contribuciones financieras o por apoyo logístico. El objetivo, según el comisario de Interior y Migración, Markus Brunner, es “equilibrar la solidaridad con la responsabilidad”.

España, en el grupo de mayor presión migratoria

El informe comunitario refleja que España y Grecia han sido los países que más incrementaron las llegadas irregulares durante el último año. Solo entre julio de 2024 y junio de 2025, la ruta canaria registró más de 40.000 entradas. La situación, además, coincide con un aumento de los rescates en el Estrecho y en el mar de Alborán, donde las operaciones humanitarias se han multiplicado.

La Comisión advierte que el sistema español de acogida se encuentra al límite, especialmente en las islas y los centros de primera atención. Por este motivo, el nuevo mecanismo permitirá solicitar el traslado de parte de los migrantes hacia otros Estados. Sin embargo, el proceso no será automático: cada país deberá presentar primero un plan de contribución y cumplir las normas de registro de entradas.

España figura así en el grupo de Estados “elegibles” para beneficiarse del mecanismo, aunque la decisión final sobre los cupos dependerá del Consejo Europeo. Hasta entonces, el Gobierno español podrá preparar su estrategia de aplicación y definir si optará por la vía de la reubicación o por las compensaciones financieras. En cualquier caso, el informe reconoce explícitamente que España “recibe un nivel de llegadas desproporcionado respecto a su capacidad”.

Un equilibrio frágil entre solidaridad y control

Bruselas ha querido subrayar que la presión migratoria no se limita al Mediterráneo, sino que afecta a casi todos los frentes de la Unión. En total, una docena de países se encuentran en “riesgo de tensión” por la saturación de sus sistemas de asilo. Estos Estados tendrán prioridad para acceder a los fondos europeos de apoyo, pero no serán considerados de “alta presión” como España o Italia.

Durante la presentación del informe, el comisario Brunner reconoció que el sistema “no es perfecto”. Subrayó además que el nuevo pacto debe servir para “reconstruir el control sobre las fronteras exteriores” y reducir los conflictos políticos. Según el documento, la Unión busca evitar una repetición de la crisis de 2015 y garantizar una respuesta común frente a los flujos irregulares.

El informe también aborda otros factores que agravan la presión migratoria, como los más de cuatro millones de ucranianos acogidos en Europa. Aun así, Bruselas señala que las llegadas ilegales al conjunto de la UE han caído un 35% en el último año. España, sin embargo, sigue siendo una excepción. La puerta sur de Europa que recibe cada mes a miles de personas en condiciones extremas, mientras la solidaridad europea sigue siendo más teórica que real.