El último intento de censurar las redes sociales se le gira en contra a Salvador Illa: avalancha de críticas

El presidente Salvador Illa quiso presentar su nuevo convenio contra los llamados discursos de odio como un avance histórico para Cataluña. En sus redes afirmó que “las redes sociales no pueden ser un lugar sin ley, sin derechos y sin responsabilidades”. Pero el mensaje duró poco antes de recibir una nota de la comunidad que lo dejó en evidencia.

Los usuarios recordaron que los ejemplos mostrados por Illa no encajan en la definición legal de discurso de odio. Es más, cualquier restricción así vulneraría la libertad de expresión protegida por la Constitución y los estándares europeos. La corrección encendió las críticas y convirtió el anuncio en un boomerang político.

Paralelamente, la ministra Elma Saiz reforzó el discurso institucional hablando de “monitorizar mensajes racistas, xenófobos e islamófobos”. Pero la reacción pública fue igual de dura. Muchos usuarios consideran que el Govern y el Estado no buscan proteger a nadie, sino vigilar el debate digital y controlar espacios donde el poder político no tiene dominio.

La frase de Saiz, “lo que pasa en redes no se queda en redes”, se leyó como una advertencia más que como una reflexión. La percepción general es que este convenio abre la puerta a una supervisión constante del discurso público en internet.

Avalancha de críticas por una iniciativa vista como censura

Las respuestas a Illa ilustran perfectamente ese malestar. Decenas de usuarios preguntan quién podrá decidir qué contenido es odio y qué no. Otros recuerdan que esa función corresponde a los jueces, no a un gobierno autonómico. Y muchos denuncian que el Ejecutivo catalán vuelve a actuar como censor bajo el pretexto de la lucha contra la intolerancia. 

El episodio ha revelado una incomodidad creciente de los gobiernos ante un ecosistema digital que no controlan. Las redes sociales han roto los monopolios informativos y permiten que muchos discursos circulen sin filtros políticos. Por eso, buena parte de la ciudadanía ve estos convenios como intentos de recuperar poder sobre la conversación pública.

Así, lo que debía ser una muestra de autoridad institucional se ha convertido en un ejemplo de resistencia civil contra la censura. El Govern quería fijar un marco moral y legal para el debate digital, pero solo ha logrado mostrar su ansiedad ante un espacio que ya no controla. En lugar de reforzar su relato, Illa ha comprobado que las redes son un terreno donde el poder político ya no dicta las reglas.