El Supremo confirma la condena de 4 años de cárcel a Laura Borràs por corrupción

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por corrupción a Laura Borrás, expresidenta del Parlament de Catalunya y expresidenta de Junts. Esta condena establece que deberá cumplir una pena de 4 años y medio de prisión. También incluye 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros, después de ser hallada culpable de varios delitos relacionados con su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018.

Borrás fue condenada por prevaricación administrativa, falsedad documental y por inducir a la comisión de falsedad en documentos mercantiles. Su implicación se centró en la adjudicación irregular de la creación del portal web de la ILC, un proyecto valorado en 335.700 euros. A través de 18 contratos menores, Borràs facilitó esta contratación a un conocido. Algo que constituyó un acto de manipulación y falsedad en los procedimientos legales y administrativos.

En su defensa, Borrás había solicitado que se aplicase la ley de Amnistía aprobada en junio de 2024. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó este recurso. Y es que ha alegado que los delitos de prevaricación y falsedad en los que está implicada no tienen vínculo con el proceso. La defensa argumentaba que los hechos eran de carácter político, pero la corte subrayó que la naturaleza de los delitos era de índole administrativa y no tenía relación con la política catalana.

El TSJC deberá ejecutar ahora la pena

Este fallo se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya hubiera dictado una sentencia condenatoria en 2023, que ahora queda confirmada por el alto tribunal. Será el mismo tribunal el que, ahora, deberá de ejecutar la pena y ordenar el ingreso en prisión de la dirigente de Junts. No obstante, Laura Borrás mantiene la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, lo que podría suspender temporalmente la pena hasta la resolución final del recurso.

Una de las cuestiones más comentadas en el fallo es la propuesta de indulto parcial que planteó el TSJC en su sentencia. El tribunal había señalado que la pena impuesta por los delitos de falsedad documental resultaba desproporcionada. Eso abrió la puerta a un posible indulto parcial. Esta medida se justifica por el hecho de que el legislador había establecido una sanción especialmente severa para este tipo de delitos, sin considerar adecuadamente su contexto.

El caso de Laura Borrás sigue siendo relevante, no solo por su condena, sino también por la figura política que representa. La expresidenta del Parlament, que fue una de las líderes más visibles del proceso independentista catalán, se enfrenta ahora a las consecuencias de una serie de irregularidades administrativas que ocurrieron durante su tiempo al frente de la ILC. 

La decisión del Tribunal Supremo pone fin, por el momento, a una fase del proceso judicial, pero aún queda pendiente la resolución de los recursos que pueda presentar Borrás. La exdirigente de Junts ha mantenido su postura política a lo largo del juicio, pero ahora deberá enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos en la gestión pública.