PSC, ERC, Comuns y CUP escenifican su unidad y Salvador Illa pone rumbo a los presupuestos

La mayoría de investidura que sostiene al Govern de Salvador Illa volvió a exhibir este jueves una imagen de cohesión en el Parlament. PSC, ERC, Comuns y CUP sellaron un nuevo acuerdo legislativo que refuerza la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo socialista. El gesto político va más allá del contenido de la votación y apunta directamente al próximo gran reto: la aprobación de los presupuestos.

La aprobación de la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones permitió a los socios escenificar una entente que en los últimos meses había mostrado tensiones. El bloque de izquierdas quiso subrayar que, pese a las discrepancias, existe un núcleo sólido dispuesto a avanzar de forma coordinada. Salvador Illa asistió a la escena con gesto satisfecho, consciente del mensaje enviado dentro y fuera de la Cámara.

Así pues, y para sorpresa de nadie, se confirma la evidencia de que ninguno de los actores involucrados quiere romper la baraja. Un análisis electoral elemental muestra que ningún partido puede perder su parcela de poder. De hecho, el partido en la posición privilegiada desde el principio es el PSC, que sabe que sus socios se enfrentan a una profunda decadencia electoral.

Una mayoría que se reafirma tras meses de "presión" política

La nueva ley fue impulsada por los cuatro grupos como una corrección de las grietas detectadas en la regulación anterior del mercado del alquiler. El objetivo compartido ha sido cerrar las vías que permitían esquivar los topes de precios en zonas declaradas tensionadas. El bloque progresista defendió la medida como un paso imprescindible para garantizar el acceso a la vivienda. En realidad, no es otra cosa que otro paso en la espiral intervencionista.

El PSC, que en etapas anteriores había mostrado reticencias a ampliar la regulación, ha asumido ahora buena parte de las tesis defendidas por ERC, Comuns y la CUP. El cambio de posición socialista ha sido interpretado por sus socios como el resultado de una presión política sostenida. Desde el Govern, sin embargo, se insiste en que la decisión responde a una lectura realista de la situación social.

La votación dejó también una fotografía clara de los bloques políticos. PP, Vox y Aliança Catalana se opusieron frontalmente a la norma, mientras que Junts optó por una posición intermedia. Este reparto de apoyos consolida el eje de izquierdas como la única mayoría viable en el actual Parlament.

El camino hacia los presupuestos se despeja para Illa

Más allá del contenido de la ley, el valor político del acuerdo reside en su proyección a corto plazo. La imagen de complicidad entre los socios refuerza la idea de que el Govern cuenta con una base parlamentaria suficientemente cohesionada para afrontar la negociación presupuestaria. 

Las muestras públicas de entendimiento entre los portavoces de ERC y Comuns no pasaron desapercibidas en el hemiciclo. Tampoco el tono conciliador del presidente, que ha reiterado su disposición a asumir compromisos exigentes en materia social. La vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales del mandato socialista, aunque sus resultados sean inexistentes y su margen de maniobra nulo. El origen del problema está en la presión demográfica.

Los socios, no obstante, ejercen su papel de actores reivindicativos y advierten de que la unidad no será incondicional. Reclaman al Govern que despliegue el régimen sancionador y que no rebaje la ambición política en la aplicación de la ley; es decir, palabras. El apoyo presupuestario, señalan, dependerá del cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados. Es decir, votarán a favor.