No solo Ripoll: más ayuntamientos reabren el debate del empadronamiento en Cataluña

La adopción de criterios más estrictos para el empadronamiento por parte del ayuntamiento de Ripoll levantó hace un año una gran polvareda. La prensa subvencionada acusó a Sílvia Orriols de dificultar el empadronamiento de los recién llegados, e impedir su acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. Instituciones como el Síndic de Greuges, la Generalitat, el Gobierno central e incluso la UE se unieron a la campaña.

Luego trascendió que decenas de ayuntamientos, de diferentes partidos políticos, llevaban años haciendo lo mismo. Pero la sospecha ya estaba sembrada. 

Lo que los medios tildaron de racismo es en realidad un mayor rigor en los protocolos para garantizar la seguridad y la buena gestión de los servicios públicos. Recientemente, otros ayuntamientos han dado pasos en este sentido.

Casos como el de Figueres o el de Martorell reabren el debate sobre el empadronamiento en Cataluña.

Lío en Martorell con el padrón

El alcalde Junts en Martorell, Xavier Fonollosa, ha entrado en una guerra judicial por su rigurosa política de empadronamientos en el municipio. El alcalde se negó a registrar a quienes no acreditaran vivir en el municipio. Exige un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble.

Un grupo de vecinos afectados ha demandado al ayuntamiento por incumplir la normativa estatal en esta materia. La demanda ha sido admitida a trámite por el juzgado. El alcalde sigue en sus trece, y afirma que solo rectificará si un juez le obliga. 

“Ocupar un inmueble es un delito, y esto nunca puede generar derechos”. Es el principio básico que esgrime Fonollosa para justificar su decisión de no empadronar a los okupas. “Las ocupaciones deben combatirse”, reitera, “pero si un juez considera que el país tiene que ir en esa dirección, acataremos la decisión”.

La ley estatal recoge la obligación de empadronar incluso cuando no se puede acreditar que una persona vive en el municipio. Esto incluye a personas vulnerables como sintecho, o que viven en chabolas o en caravanas. Pero también permite explícitamente la fórmula del domicilio ficticio, lo cual para muchos es un fraude legalizado.

Esto ha llevado a que en varios municipios el ayuntamiento tenga a multitud de personas empadronadas en un mismo edificio. Esto no solo crea problemas de seguridad e incentiva la ocupación, sino que amenaza la gestión eficiente de los servicios públicos.

'No es fascismo, es sentido común'

Quien también ha alzado la voz contra esta situación es el alcalde de Junts en Figueres, Jordi Masquef. En una entrevista reciente, ha defendido ser “más etruscos” con la gestión del padrón. Y ha lamentado que el simple hecho de decirlo ya sirve “para que te llamen como mínimo fascista”.

El alcalde recuerda que Figueres lleva tiempo tirando del carro de los servicios sociales en la comarca, “porque tenemos una buena red”. Esto ha convertido la localidad en polo de atracción de las “externalidades negativas”. Por eso asegura estar “harto” de ser “los pagafantas” de la comarca en servicios sociales”.

Por eso exige más control del padrón, algo que su ayuntamiento ya lleva tiempo haciendo. “Para empadronarse hay que disponer de toda la documentación, que un agente del padrón se encarga de verificar”, ha explicado.

“No podemos permitir las trampas”, afirma en el mismo sentido que el alcalde de Martorell. “Esto no es fascismo, es sentido común”.

804 casos de fraude en un año

El Punt Avui ha informado que el ayuntamiento de Figueres detectó 804 casos de fraude en un solo año, en 2024. El propio alcalde ha estallado indignado. "El padrón no puede ser un cheque en blanco de derechos y servicios para el primero que dice que quiere ser empadronado".

Masquef vuelve a apelar al "rigor" y "comprobar que es cierto que estas personas residen allí donde dicen". El dato ha indignado también a los vecinos de Figueres, que aplauden el rigor del alcalde y su decisión de dar de baja a quienes hayan cometido fraude.