Europa Press Una inspección revela 4 infracciones graves en el asesinato de Núria en Mas d'Enric
Ya no hay dudas de que el modelo penitenciario de la exconsejera Ubasart fue un factor clave en el asesinato de Núria
El asesinato de Núria López en la prisión de Mas d’Enric, ocurrido el 13 de marzo de 2024, sigue destapando graves fallos en la gestión de la seguridad laboral. Un informe de la Inspección de Trabajo concluye que se cometieron cuatro infracciones graves en materia de prevención, formación y coordinación. Según el organismo, nadie evaluó el riesgo que suponía que una trabajadora compartiera espacio y herramientas con internos condenados por delitos graves.
Como muchos recordarán, Núria, contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), fue asesinada por Ilulis Odriste. Este preso fue condenado por un crimen de sangre y utilizó un cuchillo para asesinar a Núria dentro de una cámara frigorífica. Tras el ataque, Odriste se quitó la vida. La investigación apunta a que ni ella ni sus compañeros recibieron formación adecuada sobre los riesgos específicos de trabajar en un entorno penitenciario con acceso a armas blancas.
Los funcionarios no olvidan a su compañera | ACN
El informe de 17 páginas detalla que no se contempló ningún protocolo para minimizar el peligro que suponía el uso de cuchillos por parte de los internos. El CIRE, además, no abrió una investigación interna de oficio tras el crimen, sino que lo hizo únicamente cuando fue requerido por la Inspección de Trabajo. La falta de coordinación con el Departamento de Justicia agravó una situación que puso en riesgo la integridad de Núria de forma evitable.
La Inspección identifica cuatro grandes fallos. i) La ausencia de una evaluación de riesgos vinculada a la violencia interna, ii) la falta de medidas preventivas específicas, iii) la inexistencia de formación adecuada y iv) la nula coordinación entre las instituciones responsables. La conclusión es tajante: no se garantizaron las condiciones mínimas de seguridad para la trabajadora.
La exconsejera de Justicia, Gemma Ubasart | Europa Press
La familia quiere depurar responsabilidades
Tras el crimen, que provocó una fuerte crisis con los funcionarios de prisiones, se han implementado algunas medidas. En octubre pasado se endurecieron los requisitos para que condenados por delitos de sangre puedan acceder a puestos de trabajo en las cocinas. Así mismo, se revisaron las guías de intervención, se inmovilizaron herramientas cortantes fuera de su uso controlado y se reforzó la formación en prevención. Además, la Generalitat prevé sustituir progresivamente a los internos que trabajan en cafeterías por personal externo.
La familia de Núria, sin embargo, sigue reclamando respuestas. Su sobrino Pablo Martínez ha solicitado en el Parlament la creación de una comisión de investigación que esclarezca las responsabilidades. La familia insiste en que, según demuestra ahora la Inspección de Trabajo, podría haberse evitado si se hubiesen adoptado medidas de seguridad elementales.
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