AP Mínimo 10 años para recibir ayudas:la propuesta para acabar con los fraudes del padrón
Ya no se puede esconder el hecho de que el control del empadronamiento es clave para la estabilidad municipal
El debate sobre el empadronamiento en Cataluña ha pasado en poco tiempo de un asunto técnico a convertirse en una auténtica cuestión política de primer orden. La magnitud de los casos detectados en municipios como Sant Cugat o Lérida ha encendido todas las alarmas. Solo en la primera ciudad, se paralizó el alta de 324 personas extranjeras en apenas tres semanas.
La mayoría de estas personas eran procedentes de India y Pakistán. Esto hizo sospechar de la existencia de una red organizada dedicada a falsificar contratos de alquiler y facilitar empadronamientos. Y así lo ha ratificado el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, en Rac1, señalando que todo apunta a una "mafia".
Los alcaldes involucrados en estas problemáticas explican que el procedimiento de verificación es complejo. Este procedimiento obliga al consistorio a inspeccionar caso por caso, incluso repitiendo visitas en distintos horarios. El alcalde de Lérida, Félix Larrosa, ha descrito un panorama parecido. Larrosa habla de falsedades documentales, suplantaciones de identidad y arrendatarios que, a cambio de dinero, autorizan a terceros a empadronarse en sus pisos.
La presión demográfica tensa los servicios sociales | Europa Press
La dificultad añadida es que, por ley, si en un plazo de tres meses no se resuelven las dudas sobre una inscripción, el solicitante queda empadronado automáticamente. Con este sistema, los ayuntamientos aseguran estar en una posición de clara vulnerabilidad frente a las mafias. Es decir, que la saturación administrativa va en contra de la propia administración.
Propuestas contundentes
Ante esta situación, también están surgiendo propuestas desde la sociedad civil. Una de las más recientes la ha planteado Quim Gonter, que apuesta por endurecer el acceso a las prestaciones sociales vinculándolas a un arraigo real. Su idea es clara: exigir un mínimo de 10 años de empadronamiento en Cataluña antes de poder acceder a determinadas ayudas públicas.
El razonamiento detrás de esta propuesta es que la exigencia de una permanencia prolongada cerraría el paso al fraude masivo. De paso, evitaría que el padrón funcionase como vía rápida para obtener beneficios sociales sin haber contribuido previamente al sistema. Así mismo, sería un contrapeso frente a la utilización del empadronamiento como puerta de entrada automática a derechos explotados por las mafias.
Con el estallido de casos como el de Sant Cugat o el de Lérida, el debate sobre el padrón ha dejado de ser local para situarse en el centro de la política catalana. Los ayuntamientos reclaman más herramientas para frenar el fraude y los ciudadanos toman buena nota. Esto explica el protagonismo de las próximas elecciones municipales de 2027.
Más noticias: