Europa Press La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas una investigación sobre el caos en la DGAIA
El Ministerio Público tampoco tiene dudas: las cuentas de la extinta DGAIA son muy sospechosas
Novedades en el escándalo político más importante de los últimos años en Cataluña. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue las irregularidades detectadas en la gestión de la extinta DGAIA. El Ministerio Público quiere aclarar si existe responsabilidad contable en los 167 millones de euros en pagos indebidos realizados entre 2016 y 2022.
El documento señala que la Generalitat incurrió en una infracción de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. El texto describe expedientes con ayudas sociales mal concedidas, pagos no reclamados y cantidades prescritas que habrían causado un perjuicio real a las arcas públicas. Es decir, lo que ya denunció con gran detalle y precisión la Sindicatura.
De los 167 millones bajo sospecha, 7,17 millones ya están prescritos, mientras que otros 4,7 millones corresponden a ayudas irregulares a jóvenes extutelados. La actual consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, ha anunciado que se condonará buena parte de estas cantidades. A juicio de la consejera y la Generalitat, los errores son atribuibles a la administración y no a los beneficiarios.
La Generalitat condonará parte de las deudas | Parlament
Contexto político y mediático
El caso de la DGAIA lleva meses generando polémica. En 2024 la Sindicatura alertó de adjudicaciones irregulares, sobreprecios en el alojamiento de menores y un circuito de “puertas giratorias” entre responsables del organismo y fundaciones beneficiadas. Sin embargo, gran parte de la clase política y de los medios subvencionados optaron entonces por el silencio.
El giro más dramático llegó tras un caso de pederastia que afectó a una menor tutelada, lo que obligó al Govern a anunciar una “transformación integral” del organismo. Aun así, las reformas han sido recibidas con escepticismo. Se mantienen externalizaciones clave y algunos perfiles vinculados a la etapa bajo sospecha continúan en puestos de responsabilidad.
Ahora, con la intervención de la Fiscalía y el previsible inicio de diligencias en el Tribunal de Cuentas, la Generalitat deberá rendir cuentas sobre este sistema de ayudas. Un sistema de ayudas que, lejos de proteger a los menores, se convirtió en un foco de irregularidades. La incógnita es si la investigación judicial logrará romper la opacidad política y mediática que ha rodeado a este gran pozo de dudas e indignación.
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