Eulàlia Reguant, de la CUP, durante una intervención en el pleno del Parlamento de Cataluña
POLÍTICA

Exmilitantes de la CUP acusan a Eulàlia Reguant y su familia de ser rentista: 35 pisos

Mientras tanto, Cataluña ceba un problema inmobiliario de consecuencias muy inciertas

La CUP vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por las acusaciones lanzadas por el colectivo PUIC  - una escisión radicalizada del partido - contra una de sus figuras más emblemáticas: Eulàlia Reguant. En un duro comunicado difundido en redes sociales, PUIC afirma que la familia de la exdiputada controla 35 propiedades inmobiliarias entre pisos, locales, trasteros y aparcamientos. La denuncia señala lo que consideran una “contradicción intolerable” entre el discurso anticapitalista de la CUP y las prácticas reales de sus dirigentes.

El detonante fue el hallazgo del contrato de alquiler de un piso en l'Eixample utilizado por el grupo parlamentario de la CUP (y conocido por todos los militantes). La propiedad de este piso aparece registrada a nombre de una sociedad vinculada directamente a la familia Reguant. A partir de ahí, PUIC ha rastreado el patrimonio de esta sociedad y documentado decenas de propiedades más. “Hablar de colectivización mientras tu entorno familiar actúa como cualquier rentista es una burla”, señalan en su comunicado:

Ciertamente, la CUP ha construido buena parte de su identidad política sobre la crítica a la especulación inmobiliaria y la defensa de los derechos de los inquilinos frente a los grandes tenedores. En cualquier caso, también es público y notorio que las clases dirigentes de los partidos antisistema suelen venir de extracciones sociales acomodadas. Esto explica a su vez que gran parte del voto de un partido como la CUP provenga de personas acomodadas de entornos urbanos.

La cruda realidad inmobiliaria

Esta denuncia de hipocresía viene en un momento de máxima tensión social por el acceso a la vivienda, especialmente en Barcelona. Cataluña encabeza las cifras de presión sobre el alquiler: más de 340 personas compiten por cada piso publicado, y el precio medio ya supera los 1.640 euros mensuales. Al mismo tiempo, la oferta se ha desplomado un 58% desde 2019, y miles de pisos han desaparecido del mercado o están vacíos.

En este contexto, la figura del “rentista” se ha convertido en símbolo de la desigualdad y blanco de las críticas de la izquierda. Y es que, mientras numerosos análisis indican que el problema está en el exceso de demanda y la falta de oferta, la izquierda ha optado por el intervencionismo. De hecho, la CUP, en pleno proceso de alianza con el PSC, ha intentado hacer suya la nueva regulación inmobiliaria del Govern.

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