La CUP acusa de 'racista' al policía que abatió a un hombre que intentó matarle

El intento de agresión con arma blanca a un agente de la Policía Local de Montornès del Vallès ha desatado una nueva polémica. El pasado viernes por la noche, un joven de 22 años de origen gambiano irrumpió en la comisaría del municipio con un cuchillo en la mano y se abalanzó sobre los agentes. Uno de ellos disparó su arma reglamentaria y lo abatió. El caso está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, que ya han descartado una motivación terrorista.

El agente herido, alcanzado por el rebote de una bala durante el forcejeo, fue trasladado al hospital. Mientras tanto, el sindicato policial SIP-FEPOL ha exigido una mejora urgente en las medidas de seguridad de las comisarías catalanas. Denuncian la precariedad en medios y personal en numerosos municipios, muchos de ellos cubiertos con agentes interinos sin formación completa.

Pero, como viene ocurriendo cada vez con más frecuencia, el foco no se ha limitado a los hechos. Desde Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, se ha difundido un mensaje en redes sociales acusando de “asesinato racista” al policía que disparó. “Denunciamos la desproporción y la impunidad policial para asesinar a una persona, como si no existieran protocolos de contención”, rezaba el comunicado:

No es la primera vez

Estas declaraciones han reabierto un patrón ya conocido en Cataluña: un episodio de inseguridad con intervención policial, seguido de una acusación pública de racismo por parte del entorno de la izquierda anticapitalista. Lo sucedido en Montornès recuerda a lo ocurrido hace unos meses en Salt, cuando Laure Vega justificó los disturbios tras un desahucio. Según dijo la diputada, citando a un conocido cómico, "lanzar piedras a los mossos es un hecho cultural de Cataluña".

Los representantes sindicales de la policía acusaron a la CUP y a sus juventudes de “legitimar la violencia” y de “dinamitar la convivencia”. En el caso de Salt, el sindicato USPAC pidió una sanción ejemplar de 12.000 euros para la diputada, al considerar que había vulnerado el reglamento de la cámara. “No es solo una falta de respeto, es una amenaza directa a la autoridad del Estado”, decían entonces.

El caso de Montornès pone de nuevo de manifiesto la tensión crónica entre la izquierda anticapitalista y las fuerzas de seguridad. Mientras los sindicatos reclaman apoyo institucional ante agresiones reales, desde el entorno de la CUP se responde con acusaciones generalizadas de racismo y represión. Una espiral de acusaciones y reproches que se repite en cada nuevo incidente y que sitúa a los agentes del orden como blanco habitual del discurso político radical.