El caso de los okupas de Viladecans que ha generado un intenso debate en el Parlament

Vox trajo esta semana a la Comisión de Interior del Parlament una propuesta de resolución para echar a los okupas del Casino de Albarrosa en Viladecans. Los vecinos llevan años sufriendo agresiones, robos y amenazas de muerte por parte de los okupas. La propuesta no prosperó por el voto en contra de todos los partidos excepto Vox y PP.

El caso de los okupas de Viladecans ha generado un intenso debate en el Parlament, donde han quedado fijadas las posiciones de los partidos ante el problema de la okupación.

Vox presentó la propuesta de resolución como “un grito de auxilio” de los vecinos del barrio de Albarrosa en Viladecans. El Casino había sido la sede social de los vecinos y desde 2019 ha sido objeto de varias okupaciones. La situación se complicó en 2023 con la entrada de un grupo de delincuentes con antecedentes que hacen la vida imposible a los vecinos.

Desde Vox denuncian “amenazas, insalubridad, robos y consumo de drogas en la vía pública” que han generado una “situación insostenible”. Por eso pidió que el Parlament instara a dar las órdenes oportunas para el inmediato desalojo del edificio. También que se negociara con la SAREB la cesión del espacio al ayuntamiento para darle un uso social.

El calvario de los vecinos

Los actuales okupas tienen atemorizados a los vecinos con peleas y agresiones continuas. Lo peor es que las denuncias van siempre acompañadas de amenazas. En una ocasión llegaron a disparar contra la puerta de la vivienda de un vecino que les había denunciado. 

También han agredido a vecinos con ladrillos y botellas de cristal, además de tener que sufrir robos a diario y fiestas a altas horas de la madrugada. Lo peor para los afectados es la sensación de abandono por parte de la administración, y de unos cuerpos policiales que ya dan la batalla por perdida. Ahora el Parlament también les ha dado la espalda.

ERC pide soluciones para los okupas

Junts calificó la okupación como “una violación de la ley y un atentado contra la propiedad privada”. Recordó que las okupaciones “generan alarma social, problemas de convivencia y sensación de impunidad”. Así mismo, puso en el mismo nivel el derecho a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada.

En Junts aseguran estar liderando una ofensiva legal para recuperar las viviendas okupadas ilegalmente. Por ejemplo, proponiendo que el juez ordene el desalojo inmediato si los ocupantes no acreditan estar en disposición de un título legítimo.

Pero pidieron a Vox “que no nos hagan propuestas ni pretendan enseñarnos cómo se hacen las cosas”. Justificaron su voto en contra porque “no daremos la mano a grupos de extrema derecha que no buscan soluciones sino hacer bandera de la inseguridad para sembrar odio entre la población”.

ERC se opuso también a la propuesta porque “el desalojo no garantiza la seguridad y los derechos de todas las personas implicadas”. Según los republicanos, “podría agravar la situación y provocar más conflictos en la zona”. Además pidieron “un trato más integrador” con “alternativas habitacionales y sociales para las personas que viven en este espacio”. 

El PP advierte de las consecuencias de la okupación

El PP tuvo un tono muy duro contra la okupación y sus consecuencias. “Este es un ejemplo de cómo los okupas son capaces de expulsar a una población. De cómo un punto de encuentro de los vecinos se convierte en una concentración de alborotadores profesionales y de sinvergüenzas”, dijo el diputado Alberto Villagrassa.

Además, reprochó a los partidos procesistas su hipocresía por pedir competencias que luego no se utilizan. Recordó que existe una ley catalana que permite el desalojo si el edificio está okupado sin título habilitante y la okupación genera problemas de convivencia o de orden público. Supuestos que “se cumplen” en este caso, sin que la administración actúe para proteger a los vecinos.

Comuns acusa a Vox de querer que los Mossos actúen como Desokupa

Por su parte, los Comuns defendieron el derecho de los vecinos a vivir con tranquilidad y recordó que ya existen medidas cautelares para desalojar de forma ágil. Pero acusó a Vox de “querer que los Mossos hagan de Desokupa”. 

“Le guste o no el único que puede ordenar un desalojo es un juzgado”, justificó el diputado Andrés García Berrio. Y añadió que “lo que no permitiremos es que los cuerpos policiales de este país se conviertan en Desokupa”.

La CUP, en la misma línea, pidió garantizar una solución habitacional para los okupas. Además defendió que los edificios gestionados para la SAREB, fondo rescatado con dinero público, se dediquen a vivienda social.

El PSC pide a Vox 'respetar el estado de derecho'

El PSC pidió a Vox “respetar el estado de derecho” y les acusó de proponer “soluciones mágicas” que “solo sirven para calar la desconfianza hacia las instituciones”. La diputada Judith Alcalá dijo que el inmueble está okupado “y nos guste o no está protegido por la legislación vigente”.

“Las instituciones y los cuerpos policiales hacen todo lo posible para garantizar la seguridad en Viladecans. Pero no podemos alimentar discursos populistas manifiestamente contrarios al derecho, que generan desconfianza, frustración y desconocimiento”, añadió.