El caso de una familia declarada 'vulnerable' que ha okupado una vivienda social y alquila sus habitaciones

El problema de la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los catalanes según la última encuesta de opinión. Uno de los factores de desestabilización del mercado es la retirada de la oferta debido a la inseguridad jurídica. Una inseguridad alentada por la tolerancia e incluso el incentivo de la okupación por parte de las instituciones públicas.

No es la primera vez que ocurre, pero el caso destapado por Som Habitatge en X refleja la gravedad de la situación. Esta entidad de propietarios ha denunciado el caso de una familia considerada "vulnerable" que recibió un piso de protección social y se está lucrando con él.

Según cuentan, una propietaria cedió su piso a la Generalitat para vivienda social, y este fue cedido a una familia de origen marroquí. Los beneficiarios estuvieron más de un año sin pagar el alquiler, así que de facto se convirtieron de facto en okupas. No contentos con eso, alquilaron las habitaciones por Airbnb y crearon graves desperfectos en el inmueble.

Cuando fueron sorprendidos, fueron obligados a abandonar el inmueble pero se negaron. En el edificio hace tiempo que no les ve, y la policía teme que hayan podido las llaves a otros okupas. 

Un caso muy grave con el dinero de todos

Pese a que la familia fue calificada de vulnerable por el ayuntamiento de Barcelona, regentaba un lujoso centro de estética en una zona pudiente de Barcelona. Puesto que no tiene nada a su nombre, no tendrá que devolver los más de 30.000 euros recibidos en concepto de alquiler social. Un caso que demuestra las grietas del sistema que beneficia a los delincuentes y perjudica a los propietarios.

Se estima que la familia pudo haber percibido hasta 8.000 euros mensuales con el alquiler de las habitaciones a turistas. Lo más grave es que ninguna de las administraciones, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento, se preocuparon nunca de comprobar nada.  

Finalmente, Som Habitatge denuncia que la Generalitat no ha informado en ningún momento a la propietaria sobre los pasos que puede seguir para recuperar el inmueble. La víctima vive de alquiler y se le acaba el contrato, así que en la situación actual tiene muy difícil encontrar uno de nuevo. Ella tendrá que marcharse del barrio mientras la inquilina sigue lucrándose con la venta de las habitaciones.

"Si tu no pagas una multa de embargarán la cuenta", reflexiona Som Habitatge. "Pero ella está causando un grave perjuicio a la persona que ha puesto el piso a su disposición y a todos los ciudadanos que pagan impuestos".