Europa Press El Ayuntamiento de Barcelona tiene empadronadas 47.000 personas 'sin domicilio fijo'
Las instituciones públicas pueden ser las primeras en saltarse sus propias reglas
El padrón municipal de Barcelona presenta una cifra tan descomunal como inquietante: 47.225 personas figuran registradas sin un domicilio real en la ciudad. Esto significa que casi el 3% de los habitantes de la capital catalana constan oficialmente como empadronados “sin domicilio fijo”. Esto plantea dudas sobre el control, la fiabilidad y el uso administrativo de un instrumento que debería reflejar la residencia real de la población.
La denuncia ha sido difundida en redes por Jordi Amela, presidente de AC en Barcelona, que ha reclamado una auditoría urgente del padrón. En su mensaje, Amela alerta de que “el padrón municipal es la puerta de entrada a todos los derechos básicos: tarjeta sanitaria, escolarización, servicios sociales y ayudas públicas”. Sin embargo, advierte, “miles de personas figuran empadronadas en dependencias municipales, oficinas de servicios sociales o locales inexistentes”.
47.000 empadronados “sin domicilio fijo”: un síntoma de descontrol institucional
La cifra no surge de la nada. Ya en julio, el PP denunció que más de 45.000 personas estaban empadronadas en Barcelona sin domicilio fijo. Dani Sirera reclamó un plan de verificación urgente y advirtió de que “estas prácticas pueden dar cobertura a redes ilegales, okupaciones y fraudes en ayudas sociales”.
El líder del PP en Barcelona, Dani Sirera | Europa Press
La situación, reconocida parcialmente por el consistorio, desnuda un patrón de irregularidades que el Ayuntamiento viene arrastrando desde hace años. En el distrito de Horta-Guinardó, por ejemplo, se ha confirmado oficialmente que 3.885 personas estaban empadronadas en cinco edificios municipales de servicios sociales. Aún más grave: en un solo inmueble del distrito de Nou Barris se llegaron a contabilizar 5.900 empadronamientos.
Estos datos no son casos aislados, sino la prueba de un sistema desbordado que utiliza el padrón como herramienta asistencial en lugar de estadística. En la práctica, empadronarse sin residencia efectiva permite acceder a sanidad, ayudas y subsidios. Como es natural, esto distorsiona tanto las cifras demográficas como el reparto de recursos públicos.
Un padrón inflado que altera el mapa social de la ciudad
La Ley 7/1985 de Régimen Local y las instrucciones del INE de 2020 son claras. El padrón debe reflejar la residencia efectiva, y el empadronamiento solo puede realizarse tras una comprobación mínima del domicilio. Pero, en Barcelona, la línea entre el control social y la ficción administrativa parece haberse borrado.
Según los datos municipales, las direcciones ficticias o “administrativas” - como las sedes de servicios sociales - se utilizan para garantizar derechos básicos a personas sin vivienda. Sin embargo, la extensión de esta práctica a decenas de miles de casos ha generado un efecto perverso. Se multiplica el acceso a ayudas públicas sin control real y se distorsionan los indicadores que sirven para planificar vivienda, sanidad o seguridad.
Desde AC, Jordi Amela advierte de que el sistema “confunde asistencia social con domiciliación administrativa permanente”. “El resultado”, añade, “es un padrón que ya no mide población, sino presión asistencial. Miles de ciudadanos empadronados sin hogar, y un Ayuntamiento que vive en una ficción legal”.
El PP continúa con su propuesta para revisar de oficio los empadronamientos sin domicilio real, con inspecciones presenciales y coordinación con la Guardia Urbana. Vox, por su parte, ha pedido una reforma legal que obligue a obtener el consentimiento del propietario antes de empadronar a una persona en un inmueble.
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