
2026 prolonga la agonía de la vivienda: el alquiler, un 10% más caro pese a las recetas de la izquierda
El intervencionismo no soluciona el problema del acceso a la vivienda sino que lo agrava
La ley de la oferta y la demanda es el principio económico que determina el precio de un bien o servicio en el mercado libre según la relación entre la cantidad disponible de un producto (oferta) y el deseo o la necesidad de los consumidores (demanda). Si la oferta supera la demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, como es el caso de la vivienda en España actualmente, el precio se dispara.
Así funciona el mercado. Lo que hay que ver ahora es por qué la demanda supera la oferta. En el caso de España, y en Cataluña especialmente, se dan dos circunstancias a la vez -la tormenta perfecta: una demanda que no deja de subir por el aumento demográfico y la concentración poblacional en las ciudades, y una contracción de la oferta provocada por una inseguridad jurídica y una regulación cada vez mayor.

Esto es lo que explica que en Cataluña, el lugar con más okupaciones de todo el Estado, junto a una especial fiebre por la regulación, el mercado de la vivienda haya colapsado. En lugar de revertir la situación, el actual gobierno del PSC, atado de manos y pies ante sus socios, ERC y Comuns, ha optado por aumentar el intervencionismo. Las previsiones de los expertos es que el precio de la vivienda siga subiendo este 2026: un 7% en el caso de la compra, y hasta un 10% en el caso del alquiler.
Pesimismo de cara a 2026
Este año será aún más difícil acceder a una vivienda, debido al aumento en la regulación que provocará una contracción de la oferta. El caso paradigmático es Barcelona, que se ha consolidado como la ciudad con el alquiler más caro, 24 euros por metro cuadrado.
El mejor ejemplo del fracaso del intervencionismo es la Ley de la Vivienda aprobada en 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquella ley contenía dos medidas clave: el tope al alquiler, y la protección de los inquilinos vulnerables frente a los desahucios. El resultado es que el precio de la vivienda ha aumentado un 25% en dos años y medio.
Hay otro factor que explica el fracaso de la ley intervencionista del Gobierno. La ley acompañaba estas medidas de una apuesta por la construcción de vivienda pública que no se ha producido. Esto ha hecho que la oferta siga descendiendo, mientras la demanda no para de aumentar.
Cataluña, campeona en regulación
En Cataluña, el PSC y sus socios, incluida la CUP, aprobaron en 2025 el decreto de medidas especiales para la regulación del mercado de la vivienda. En 2023 muchos avisaron de que la Ley de la Vivienda, celebrado como un hito por la izquierda, empeoraría la situación. En Cataluña no parece que la nueva regulación vaya a cambiar las cosas, y los expertos inmobiliarios anuncian un nuevo año de subidas y una crisis a largo plazo.
Salvador Illa ha prometido construir en Cataluña 210.000 nuevas viviendas públicas antes de 2030, pero los expertos ponen en duda su viabilidad. Ante eso, entidades como BBVA, CaixaBank, Bankinter y UCI pronostican una tendencia alcista de los precios.

El problema no es nuevo, ya que en la última década ha habido un déficit de construcción de vivienda debido a la resaca de la burbuja inmobiliaria. Por cierto, que esta crisis de la construcción de nueva vivienda es atribuible precisamente a los partidos que aseguran tener la receta para solucionar el problema de la vivienda. El déficit acumulado en España es ya entre 600.000 y 700.000 viviendas, que ni siquiera el cumplimiento más optimista de las previsiones lograría mitigar.
El problema de las okupaciones
El otro gran problema, junto a la hiperregulación, es el aumento de las okupaciones que ha hecho que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado. El aumento del precio de compra ha disparado el número de personas que alquilan en lugar de comprar, así que el incremento de la demanda ha disparado el precio del alquiler. Esto ha provocado, a su vez, el aumento del alquiler de habitaciones.
El problema está ahí, y según los expertos del sector lejos de mejorar parece que va a empeorar este 2026. La crisis exige soluciones prácticas a un problema complejo. ¿Serán capaces los políticos de dejar al margen la ideología para intentar revertir la situación?
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