Si importas salvajismo, tendrás salvajismo

En España, estamos inmersos en una espiral de buenismo que roza lo incomprensible. Frente a delitos cometidos por inmigrantes procedentes de contextos culturales radicalmente opuestos a los nuestros, optamos por una condescendencia que socava nuestra seguridad y valores.

Nuestra legislación, anclada en principios cristianos y occidentales, no está preparada para afrontar nuevas realidades criminológicas derivadas de una inmigración masiva con origen en contextos culturales que no tienen nada que ver con nosotros. Hablamos de terrorismo yihadista, agresiones sexuales colectivas y trata de personas, fenómenos que importamos junto con perfiles psicopáticos forjados en sociedades donde el fundamentalismo religioso impregna todos los estratos sociales. No se trata de estigmatizar, sino de reconocer realidades que son totalmente palpables. Nuestra frontera sur es una brecha abierta a un modelo de sociedad en la que habita un salvajismo que choca frontalmente con nuestra civilización.

Comencemos por el terrorismo yihadista, un riesgo que se ha disparado con la llegada masiva de individuos radicalizados. El caso del atentado en Algeciras en 2023 es paradigmático; un inmigrante de origen marroquí que, al grito de Allahu Akbar, persiguió y degolló a un sacristán por el mero hecho de ser cristiano. La Audiencia Nacional lo absolvió recientemente, ordenando su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, alegando alteración psíquica.

Esta decisión, basada en un peritaje complaciente, convierte el yihadismo en una enfermedad en lugar de reconocerse como es, una ideología letal. Esto no es justicia, sino una capitulación ante el miedo a confrontar ciertas realidades ideológicas. Como exmilitar sé que el enemigo no es un desequilibrado aislado, sino un ecosistema de radicalización que se nutre de contextos donde la religión es ley absoluta y la violencia, un mandato divino.

Urge reformar el artículo 20.1 del Código Penal para que el radicalismo islamista sea un agravante irrefutable, no una excusa. Los datos del Ministerio del Interior confirman esta urgencia: entre 2021 y noviembre de 2025, se han detenido a más de 400 sujetos por terrorismo yihadista —según estadísticas del Ministerio del Interior—, con 95 arrestos solo en lo que va de 2025, superando ya las cifras de años anteriores. Esto refleja un aumento en reclutamientos y planes de atentados programados por parte inmigrantes radicalizados e insiders, influenciados por numerosos conflictos que amplifican narrativas extremistas en la UE.

En Cataluña, epicentro de estas detenciones, un tercio de los arrestos de 2025 proceden de operaciones contra redes que promueven atentados vía canales cifrados. ¿Cómo responder a esto con internamientos psiquiátricos? Es una burla a las víctimas y un riesgo para la sociedad. Nuestra legislación, diseñada para un Occidente de derechos individuales, no contempla la sumisión total a una fe que justifica el asesinato en nombre de Dios. Importamos no solo personas, sino una cosmovisión incompatible que exige adaptación legal inmediata.

Pero el terrorismo no es el único frente; las agresiones sexuales colectivas, conocidas como “manadas”, ilustran otro choque cultural devastador, arraigado en patrones patriarcales importados de sociedades donde la mujer es subyugada por norma religiosa.

En noviembre de 2023, en Dolores (Alicante), cinco adolescentes marroquíes —cuatro con nacionalidad española— violaron en grupo a una menor de 15 años en un descampado, aprovechando su estado de embriaguez. La respuesta judicial: internamiento en centros socioeducativos con cursos de educación sexual para “reeducarlos” y evitar que “reproduzcan violencias”. La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, insistió en que “o les educamos, les enseñamos y les sensibilizamos, o de poco sirve”. Mientras, la víctima recibe ayuda psicológica. Este enfoque, bienintencionado pero ingenuo, ignora la raíz cultural: en países de origen como Marruecos, la mujer ocupa un segundo plano, con dinámicas de maltrato sistemático detectadas ampliamente en zonas rurales.

Según la Encuesta Nacional sobre Prevalencia de la Violencia contra las Mujeres de 2019, realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Planificación de Marruecos, el 63% de las mujeres entre 18 y 65 años han sufrido violencia y solo el 6,6% denuncia por estigma social y cultural. En Túnez (uno de los principales países de origen de la inmigración ilegal registrada en Italia), casi el 40% de las mujeres reportan abusos psicológicos o físicos, agravados por interpretaciones conservadoras del islam. En regiones subsaharianas islamizadas, como Mauritania o Mali, el fundamentalismo agrava el problema con matrimonios infantiles y castigos por “adulterio” que normalizan la violencia. ¿Puede un curso de educación sexual revertir una identidad forjada desde la niñez en sociedades en las que existen marcos religiosos y culturales que dictan la inferioridad femenina?

Los datos en España son alarmantes y respaldan esta tesis. En 2024, los extranjeros, que representan el 11,7% de la población, cometieron el 41% de los delitos sexuales (5.338 de 12.979), proporcionalmente 5,2 veces más que los nacionales. El Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual de 2023 del Ministerio del Interior revela que el 37,3% de los detenidos eran extranjeros, cifra que sube al 44% en el rango de 18-30 años.

En prisiones, los extranjeros ya suponen el 31,6% de la población carcelaria. En la Comunidad Valenciana, los casos de violaciones por menores se multiplicaron de 7 en 2017 a 48 en 2022, muchos vinculados a perfiles magrebíes. Estas estadísticas no son casuales: reflejan patrones importados de contextos donde la mujer es vista como propiedad. Este buenismo educativo no funciona; es una ilusión liberal que ignora la profundidad cultural. Necesitamos penas disuasorias adaptadas, no talleres que equiparen nuestra ética cristiana de igualdad con tradiciones arcaicas.

La última semana, un reportaje del Telegraph expuso otro precio de esta debacle: 13 niñas subsaharianas, llegadas ilegalmente a Lanzarote, fueron traficadas a Francia para explotación sexual. Esta red opera en tres países, convirtiendo Canarias en un hub de trata infantil. La Operación Tritón de la Policía Nacional, culminada en noviembre de 2025, desmanteló esta organización transnacional, deteniendo a 11 personas (9 en Lanzarote, 1 en Madrid y 1 en Gran Canaria) por tráfico de menores desde centros de acogida, con falsificación de documentos y pornografía infantil involucrada.

La investigación surgió de la desaparición de 14 menores entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, muchos de origen subsahariano, facilitados por mafias que se sirven de las rutas atlánticas. Hace un año, alerté sobre esto en un documental con Marion Maréchal: España es partícipe de un sistema de trata institucionalizada. ¿Cómo va a justificar este Gobierno que los centros de acogida de menores se están convirtiendo en burdeles para pedófilos europeos?

En definitiva, importamos salvajismo, tráfico de menores, abusos sexuales y asesinatos en nombre de Dios. Informes oficiales como los del Ministerio del Interior y el INE demuestran que esta inmigración descontrolada multiplica los riesgos criminológicos en delitos clave, forjados en culturas donde el islamismo dicta desigualdades irreconciliables con nuestra visión cristiana de dignidad humana. Y no es xenofobia el hecho de abogar por el bloqueo de fronteras ante este descontrol sin sentido, y no es racismo imperar por el endurecimiento de penas para delitos ideológicos y culturales incompatibles, y no es discriminación querer priorizar una integración real o, de ser imposible, respaldar programas de emigración. Si no actuamos, nuestra civilización sucumbirá ante este multiculturalismo cobarde.

La familia del sacristán de Algeciras clama justicia, no terapia; las víctimas de las manadas, protección, no excusas culturales. Es hora de defender lo nuestro sin complejos, adaptando nuestra ley a esta nueva guerra híbrida en nuestras calles. Si importas salvajismo, tendrás salvajismo. Y si no eres capaz de responder con la misma ferocidad que ellos —porque tu civilización te lo prohíbe—, la única forma de sobrevivir es dejar de abrir la puerta. Prefiero que me llamen xenófobo o islamófobo a tener que seguir escribiendo artículos sobre cristianos degollados, niñas violadas en manada y menores traficados desde centros de acogida.