España frente a su particular deriva procesista

En estos días aciagos para España, oigo a demasiadas personas de alto valor intelectual rememorar con cierta añoranza lo que para muchos constituye una de las etapas más lúcidas de la historia de España. Me refiero, naturalmente, a la transición. Un espacio temporal en que, a diferencia de lo que hoy ocurre, el grueso de la sociedad española dejó a un lado sus diferencias para transitar unidos hacia un nuevo régimen político. De esta manera, la monarquía parlamentaria que algunos nos hemos limitado a heredar emergió para brindarnos décadas de estabilidad institucional, prosperidad económica y una convivencia en paz que, pese a sus imperfecciones, supuso un salto histórico frente a los convulsos episodios previos de nuestra nación.

Todo ello fue posible en su momento gracias al diálogo permanente existente entre los distintos agentes institucionales en que la democracia española hace recaer el peso de su correcto funcionamiento. Sin embargo, esa herencia parece hoy descomponerse bajo el peso de la polarización, la desconfianza hacia las instituciones y la incapacidad de alcanzar consensos básicos que permitan afrontar con visión de futuro los desafíos colectivos. Todo ello, consecuencia inexorable del viraje que se ha producido en la agenda de determinadas organizaciones políticas que hoy, lejos de salvaguardar esos principios fundamentales, los atacan encarnizadamente.

Lo ocurrido recientemente con la Vuelta ciclista a España es un síntoma evidente de la peligrosa deriva hacia la que nos pretenden dirigir quienes hacen del enfrentamiento vacuo intelectualmente su forma de hacer política. Resulta inconcebible, al menos para mí, que una competición deportiva como a la que me he referido sea instrumentalizada por parte del Gobierno de España con fines tan espurios como abyectos. Y es que, aunque parezca lo contrario, no todo vale —o no debería— para alcanzar determinados objetivos políticos.

Algo similar a lo que está ocurriendo actualmente en España tuvo lugar en Cataluña durante los años más duros del “procés”, por lo que a algunos nada de esto nos pilla de sorpresa, al menos en lo referido a la sucesión de hechos acontecidos. Aún siendo así lo anterior, uno nunca se acaba uno de acostumbrar a según qué situaciones.

A este respecto, la historia política reciente nos recuerda que el deterioro institucional nunca acontece de golpe, sino de forma lenta, casi imperceptible, hasta que las consecuencias resultan irreversibles. Por fortuna, el Estado de derecho actuó en Cataluña para salvaguardar los derechos de la mayoría de la población que, en aquel momento, se estaban viendo fuertemente violentados por una casta política enloquecida. Pero ahora es otro el paradigma, a saber, es el propio Gobierno de España quien está empeñado en destruir a España sin reparar un instante en la preservación de los valores superiores que se enarbolaron en la empresa constitucional.

Y esa es, precisamente, la mayor de las amenazas: cuando el Gobierno, uno de los componentes fundamentales de la estructura estatal, presumiblemente garante de la ley, la convivencia y la neutralidad institucional, se convierte en el principal instrumento de erosión del sistema democrático. Resulta imposible sostener una nación sobre la base de un poder que utiliza las instituciones como herramienta de confrontación partidista, que reduce el debate público a la descalificación y que coloca la supervivencia política por encima de cualquier otro bien jurídico digno de ser superpuesto a ello.

En síntesis, todo hace pensar que el nefasto procés catalán, con su sistemática vulneración de derechos de ciudadanos y representantes de la oposición, ha sido trasladado hoy al conjunto de España. El Gobierno, tomando buena nota de los desmanes que en su momento cometieron parte de sus socios parlamentarios, decidió hace tiempo dinamitar la convivencia utilizando los mismos mecanismos que en su día utilizaron los independentistas catalanes.

La lógica es idéntica: todo vale para conquistar determinados objetivos políticos, aunque ello suponga erosionar los cimientos del Estado de derecho. La diferencia radica en que ahora no se persigue la independencia de un territorio, sino la perpetuación en el poder a cualquier precio de una cuadrilla de profanos cuyo entorno apesta a corrupción. Los enemigos de la democracia liberal no siempre se presentan con banderas rotas ni con discursos revolucionarios: a veces visten trajes ministeriales, ocupan escaños en las instituciones y se amparan en mayorías coyunturales para transformar en legal lo que, en esencia, es ilegítimo.

En este sentido, si todo avanza como preveo que lo hará, esto es, que la izquierda pierde el poder en los siguientes comicios, veo probable que el nivel de violencia instigada por los integrantes del Gobierno “Frankenstein” se dispare de manera exponencial. Este nuevo escenario de eventual confrontación civil será el que, probablemente, termine de resquebrajar la paz social que con tanto esfuerzo restauraron nuestros padres y abuelos durante los años de la transición.

Para terminar, solamente quiero señalar que no conviene equivocarse como se equivocaron algunos en Cataluña. Llegarán hasta donde haga falta para culminar la mutación del sistema constitucional español que tanto anhelan. Sin embargo, si algo nos enseña la historia reciente, es que aún estamos a tiempo de revertir esta deriva, siempre que la sociedad y sus representantes —los que sigan comprometidos con los valores constitucionales— no cejen en su tarea de defensa activa y firme del orden constitucional. Tarea que no pasa únicamente por la denuncia enérgica de los atropellos institucionales o por la movilización ciudadana en defensa de los valores democráticos, sino también por la regeneración del debate público y la reconstrucción del respeto mutuo entre adversarios políticos.

No se trata de añorar el pasado sin más, sino de reivindicar lo mejor que este nos legó: el espíritu de consenso, la renuncia a la imposición unilateral y la construcción conjunta de un proyecto de país en el que quepan todos, sin excepciones ni privilegios. Lo que está en juego no es solo un modelo político, sino la propia continuidad de un pacto de convivencia que ha permitido a varias generaciones de españoles vivir con una estabilidad y libertad que a tantas generaciones le fueron negadas.