Andrés Millán, abogado: 'Cortar la luz o el gas a quien okupa tu casa ya no es delito'

Andrés Millán es uno de los abogados españoles más populares en las redes sociales. En sus perfiles cuenta con miles de seguidores y a diario comparte información jurídica de gran interés para la ciudadanía. Ahora, se acaba de hacer eco de una de las noticias más esperadas por muchos: cortarle los suministros a los okupas ya no es delito.

Y es que los magistrados de la Audiencia de Barcelona han dictaminado que los propietarios e inquilinos de inmuebles ocupados pueden cortar y dejar de pagar los suministros de la vivienda. En este sentido, se puede cortar el agua, la luz o el gas, sin que ello suponga un delito de coacciones. Esta decisión supone un importante respaldo para quienes buscan recuperar sus propiedades tras ser ocupadas ilegalmente.

El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada por los jueces de Barcelona con el objetivo de unificar criterios en los casos de usurpación de inmuebles y allanamiento de morada. Según el documento, "el titular de una finca ocupada que no mantenga el alta de los suministros, no será constitutivo de un delito de coacciones". Esta decisión exime a los propietarios de la responsabilidad de pagar los suministros de las viviendas ocupadas.

Andrés Millán se hace eco de una de las noticias más esperadas

Como no podía ser de otra manera, el abogado Andrés Millán no ha tardado en explicar las novedades de esta nueva medida. Y es que la nueva norma establece un precedente que podría influir en futuros casos en toda España. No es la primera vez que un tribunal llega a esta conclusión, ya que la Audiencia de Gerona tomó una decisión similar en noviembre.

Con este nuevo posicionamiento de los jueces catalanes, se asienta una referencia clave para el resto de audiencias en este tipo de casos. El nuevo criterio adoptado podría acelerar el proceso de desalojo de los okupas al privarlos de servicios básicos. Según datos recopilados por Alquiler Seguro, el tiempo medio de recuperación de una vivienda ocupada en España es de aproximadamente 8 meses y medio.

No obstante, existen diferencias entre comunidades autónomas. En Castilla y León y Murcia, el proceso puede tardar hasta 12 meses, mientras que en Aragón y Navarra se resuelve en unos cuatro meses. El problema de la ocupación ilegal sigue en aumento en España.

Un problema que varía según la comunidad en la que se viva

De acuerdo con el CGPJ, las demandas presentadas por usurpación y allanamiento de morada crecieron un 2% en 2024. Alcanzando un total de 2.309 casos. Cataluña y Andalucía lideran las estadísticas con 463 y 449 denuncias, respectivamente, seguidas de la Comunidad Valenciana (391) y Madrid (186).

En contraste, las regiones con menos incidencias fueron La Rioja (6), Aragón (19) y Galicia (81). Esta resolución supone un cambio en la protección de los propietarios y podría modificar el panorama de la lucha contra la ocupación ilegal en España. Sin duda, una medida exigida por muchos y aclamada por todos.