El sindicato que apoyan el Gobierno y la Generalitat dice que 'okupar no es malo y es necesario'

Las declaraciones de la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, han reabierto con fuerza el debate sobre la okupación. En un momento de creciente tensión social por la inseguridad y el acceso a la vivienda, Racu afirmó que “no es malo ser okupa” y que okupar “es darle vida a algo que se ha abandonado”. Sus palabras han generado una fuerte polémica por provenir de una organización considerada interlocutora habitual de la Generalitat y del Gobierno central.

El Sindicato de Inquilinas, conocido en Cataluña como Sindicat de Llogateres, ha ganado peso político en los últimos años. Sus tesis han influido de manera directa en las políticas de vivienda impulsadas por el Govern, especialmente en el endurecimiento de la regulación del mercado inmobiliario. Esta cercanía institucional explica que algunos de sus portavoces se expresen con un tono cada vez más explícito y desafiante.

Las afirmaciones de Racu contrastan con la realidad que describen numerosos vecinos afectados por la okupación. En distintos municipios catalanes, los conflictos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente han ido acompañados de episodios de violencia, amenazas y extorsiones. Para muchos ciudadanos, la okupación ya no es un fenómeno vinculado a la emergencia habitacional, sino un foco de degradación de la convivencia.

Violencia e impunidad en el entorno de la okupación

Uno de los casos más recientes se produjo en L’Hospitalet de Llobregat, donde un vecino fue brutalmente agredido tras intentar auxiliar a una mujer acosada por varios okupas. La agresión, ocurrida a plena luz del día, terminó con lesiones graves y posteriores amenazas a la familia de la víctima. Los agresores continuaron en libertad pese a la intervención policial y la existencia de testigos.

Este tipo de episodios no son aislados. En otros municipios como Montcada i Reixac o Terrassa, las disputas entre ocupantes han derivado en peleas multitudinarias e incluso incendios. Cataluña concentra la mayor parte de las denuncias por okupación en España, con una media diaria que supera la veintena de casos.

Según datos policiales y del sector inmobiliario, la okupación se ha convertido en una puerta de entrada a otros delitos. Empadronamientos fraudulentos, tráfico de drogas y extorsiones a vecinos forman parte de un patrón cada vez más frecuente. Esta realidad choca frontalmente con el discurso que presenta la okupación como una práctica socialmente necesaria.

Un marco político que refuerza el fenómeno

Las políticas intervencionistas en materia de vivienda han contribuido a consolidar este escenario. La limitación de precios y las restricciones al alquiler han reducido la oferta y han empujado a muchos propietarios a retirar viviendas del mercado. En paralelo, la okupación ha pasado a formar parte de un circuito económico que beneficia a inversores con capacidad financiera.

Cataluña concentra cerca del 40 % de las viviendas okupadas que se ofrecen en portales inmobiliarios especializados. Muchos anuncios presentan estos inmuebles como “oportunidades para inversores”, lo que evidencia la normalización del fenómeno. Una vez recuperadas, estas viviendas suelen reintroducirse en el mercado mediante fórmulas que esquivan la regulación.

Mientras tanto, el discurso del Sindicato de Inquilinas mantiene su influencia en las decisiones políticas. La defensa abierta de la okupación por parte de una organización respaldada institucionalmente ha encendido las críticas. Para una parte creciente de la sociedad, el mensaje lanzado desde estos espacios contribuye a legitimar una práctica que, lejos de resolver el problema de la vivienda, agrava la inseguridad y la fractura social.