El Parlament aprueba dar autoridad a los funcionarios de prisiones a pesar del 'no' de ERC, Comuns y CUP

El Parlament de Cataluña ha aprobado la propuesta para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Esta medida llega en plena tensión por el aumento de agresiones en los centros penitenciarios.

La decisión ha salido adelante pese al voto en contra de ERC, los Comuns y la CUP, que han rechazado la modificación de la Ley de Función Pública. Estas formaciones consideran que amplía el poder de los funcionarios sobre los internos y afecta a la presunción de inocencia de estos últimos.

Las tres formaciones han comparecido junto a la red Dret i Presó para expresar su oposición. El abogado David Aranda, miembro de Alerta Solidària y Arrels Advocats, ha defendido que la medida “no tiene una trascendencia real en la protección de los funcionarios”. Según su argumentario, los trabajadores penitenciarios ya estarían amparados por el delito de atentado contra la autoridad y, por tanto, el cambio legal no supondría una mejora sustancial de su seguridad.

Una reforma que divide el modelo penitenciario

Los colectivos críticos aseguran que la modificación supone un retroceso hacia la “policialización” de las prisiones. Consideran que invertiría la carga de la prueba en los procedimientos sancionadores y otorgaría a los funcionarios una presunción de certeza que dejaría a los internos en clara desventaja. ERC, Comuns y CUP han insistido en que los centros penitenciarios deben avanzar hacia un modelo menos "punitivo", tal como recogen las entidades de derechos humanos.

Las protestas de estos grupos contrastan con las peticiones de los sindicatos penitenciarios, que llevan meses reclamando más protección ante el aumento de incidentes violentos. De hecho, solo en 2024 más de 600 funcionarios fueron agredidos. Aunque no aparece detallado en la propuesta aprobada, el contexto incluye cifras de agresiones que han tensado al sector y han generado presión política para modificar el marco legal.

Apoyos desde Aliança Catalana y Vox

Mientras los grupos de izquierda rechazaban la reforma, Aliança Catalana y Vox han expresado públicamente su apoyo. Aliança ha defendido que es una cuestión de protección básica para un colectivo “abandonado”, recordando que se registran centenares de agresiones al año. Vox, por su parte, ha señalado que el Govern “reacciona mal y tarde”, pero ha celebrado que se avance hacia el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad.

La aprobación de la propuesta abre ahora el camino a las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivo este nuevo estatus. La fractura política evidencia sobre todo que el Govern del PSC ha tomado nota de algunos de los errores básicos de Aragonès. Uno de ellos fue oponerse de lleno a los funcionarios, que, hay que recordar, vivieron el asesinato de una compañera que no olvidan.