Una nueva agresión sexual alerta sobre la desprotección de los funcionarios de prisiones en Cataluña

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión sexual en un centro penitenciario de Cataluña. Ocurrió el pasado viernes en el CP de Jóvenes. Un interno, que una semana antes había intentado agredir a otra funcionaria, se abalanzó sobre una trabajadora para hacerle tocamientos en sus partes íntimas. El sindicato de funcionarios denuncia que no se tomaron las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, pese al historial de agresiones sexuales de este interno.

El CSIF ha emitido un comunicado donde denuncia la pasividad de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ante el “incremento vertiginoso” de agresiones a trabajadores. Dirige también sus críticas a las direcciones de los centros por la falta de contundencia.

“Desde CSIF queremos trasladar todo nuestro apoyo y una pronta recuperación a la compañera agredida, así como nuestra solidaridad ante una situación tan grave y dolorosa. Exigimos responsabilidades y medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores penitenciarios”. Así reza el comunicado, donde piden medidas urgentes para evitar la escalada de agresiones contra los funcionarios.

Señalan a la Generalitat

El CSIF recuerda que la Generalitat y las direcciones de los centros son los "máximos responsables" de la gestión de los centros. Y que, como tales, "conocen perfectamente el funcionamiento de las prisiones" y "saben qué está fallando y por qué se han disparado las agresiones a trabajadores". Puesto que "las leyes y reglamentos no han cambiado de forma sustancial", concluyen que "no se trata de un problema normativo sino de una cuestión de gestión y de voluntad" a la hora de aplicar las herramientas legales existentes.

El sindicato afirma que "tras el intento de agresión de la semana anterior, ya existían motivos más que suficientes para aplicar las medidas que contempla la normativa". Advierten de que "no hacerlo ha supuesto permitir una segunda agresión". Por eso se preguntan "qué más tiene que ocurrir para que se actúe con firmeza y responsabilidad".

El caso vuelve a poner encima de la mesa las consecuencias de un enfoque buenista de la seguridad en un entorno especialmente conflictivo como el de las cárceles. Un problema que lleva años arrastrándose en Cataluña. Y al que el nuevo gobierno del PSC, pese a las declaraciones de intenciones, tampoco consigue meter mano. 

Protocolos insuficientes, funcionarios desprotegidos

El CSIF explica que la administración ha llenado el sistema de protocolos y procedimientos de supervisión que sin embargo no se aplican adecuadamente. Uno de los motivos es que “están redactados de forma confusa y son difícilmente aplicables en la práctica”. Un ejemplo: se exige actuar en binomio cuando en realidad no hay plantilla suficiente en la mayoría de los centros penitenciarios -incluido el de jóvenes.

Denuncian que estos mismos protocolos son utilizados después para culpabilizar a los trabajadores cuando ocurre una agresión. “Estos protocolos se han convertido en una coartada para justificar la inacción de las direcciones”, lamenta el sindicato.

Recuerdan que el asesinato de Núria “quedó sin responsabilidades políticas ni administrativas”, y advierten que “no puede volver a suceder algo similar”. Por eso elevan una vez más la voz, para denunciar que "los trabajadores no están siendo protegidos ni en su integridad física ni en su libertad e integridad sexual". Su mensaje es claro: "No se puede seguir actuando con impunidad, escudándose en protocolos inservibles que no garantizan la seguridad real de los trabajadores".