@SindicatLloguer El Govern de Illa se gasta 87'5 millones públicos en comprar pisos y contentar al Sindicat de Llogateres
Mientras la presión de demanda crezca a estos niveles el problema inmobiliario tendrá una salida muy incierta
La Generalitat ha cerrado la mayor operación de compra de vivienda pública de su historia. El Govern Illa destinará 87,2 millones de euros a la adquisición de 1.064 pisos de InmoCaixa. El Departamento de Territorio asegura que esta operación permitirá incorporar todos estos inmuebles al parque público de alquiler asequible de manera permanente.
Los pisos se encuentran repartidos por todo el territorio. Según el Govern, muchos de estos inmuebles estaban a punto de perder su condición de vivienda protegida. Ahora, la adquisición garantizará que los actuales inquilinos puedan continuar viviendo en ellos sin variaciones en la renta.
El presidente Illa presentó la operación durante una conferencia en Sabadell. Allí defendió que el objetivo es reforzar el parque público y aportar estabilidad a las familias que ya residían en estos inmuebles. Illa subrayó que esta es la compra “más grande hecha nunca” por la Generalitat y la enmarcó en el propósito de avanzar hacia un parque público que represente el 15% del total.
El problema inmobiliario no hace más que crecer | Europa Press
Esta adquisición se suma a otras tres operaciones cerradas también con InmoCaixa en el último año. Más en particular, de lotes de 450, 214 y 179 viviendas. Con la compra anunciada ahora, todas estas operaciones alcanzan los 1.700 pisos adquiridos.
El Sindicat de Llogateres lo celebra como una “victoria rotunda”
Tras hacerse pública la compra, el Sindicat de Llogateres emitió un comunicado en el que calificó la operación de “victoria rotunda”. La organización considera que los 1.700 pisos adquiridos en total quedan “protegidos para siempre”. Además, atribuye este resultado a la “lucha histórica” de las inquilinas y, en particular, a la huelga de alquileres que promovieron.
Para el sindicato, la intervención de la Generalitat confirma que sus reivindicaciones han sido escuchadas y que la administración ha actuado en línea con su presión social. El Govern, por su parte, sostiene que el propósito principal es ampliar el parque público y evitar que viviendas hasta ahora protegidas se integren plenamente en el mercado libre.
El problema de fondo queda intacto
El presidente Illa ha optado por el modelo de vivienda pública y mucha intervención administrativa. Es un modelo legítimo y que en algunos lugares ha dado buenos resultados. Ahora bien, el problema del mercado inmobiliario español y catalán es que está saturado de demanda.
Para lo que es el caso, esto se traducirá en que la misma presión de demanda se trasladará ahora a la vivienda pública. La diferencia es que ahora será la administración pública la que, en lugar de con criterios monetarios, asignará los recursos con otros criterios. Es decir, criterios sociales, de vulnerabilidad, etc. Pero la presión será la misma.
Arcarazo está de enhorabuena | Sindicat de Llogateres
Y es que, con este crecimiento demográfico, la vivienda pública se podrá convertir en otro espacio de privilegio, en este caso, administrado por el Estado. Es decir, que algunos sí que llegarán a acceder a viviendas públicas asequibles y otros que no. De hecho, es probable que con solo la demanda embalsada ya ocurra este fenómeno con la VPO.
La clave estará en si, como vemos en otras capitales europeas, el acceso a VPO se empieza a demorar años y años. También si, por ejemplo, muchos inquilinos dejan de pagar sin consecuencias (cosa habitual en la vivienda pública). Todo esto serán síntomas de que el problema solo ha cambiado de rostro.
Más noticias: