ACN El fraude de los menores tutelados vuelve a sacudir a la Generalitat: 30 detenidos en Tarragona
La asistencial social a los menores extranjeros se revela como un pozo de irregularidades que potencia el efecto llamada
La Generalitat vuelve a quedar en entredicho por la gestión de los menores tutelados. La Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona una red que fingía el abandono de niños para obtener ayudas públicas. La operación deja 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres, tras el cese de la tutela estatal.
El fraude supera 1,5 millones de euros. Las familias traían a sus hijos con visados de turismo y los dejaban cerca de comisarías o centros de acogida. Los niños, siguiendo instrucciones, se declaraban en desamparo para activar el sistema de protección. Así lograban manutención, educación y atención médica pagadas por la Administración, además de abrir la puerta a futuros permisos de residencia.
La Policía Nacional desarticula una red criminal | Policía Nacional, Twitter, @policia
Los agentes han revisado 124 expedientes, de los que 109 presentan indicios claros de fraude. Los progenitores, en su mayoría del norte de África y Oriente Medio, seguían dos patrones. Algunos con alto poder adquisitivo abandonaban a sus hijos y regresaban a su país. Otros, con menos recursos, se quedaban en España y mantenían contacto telefónico con los menores.
La DGAIA, de nuevo en el centro del escándalo
El caso vuelve a poner bajo presión a la DGAIA, ahora renombrada como DGPPIA. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, defendió que las reformas recientes “están permitiendo detectar el fraude donde pueda haberlo”. Aun así, insistió en que “un caso no puede poner en duda todo el sistema”.
La oposición no comparte esa lectura. El PP pedirá una macroauditoría del sistema de tutela y la comparecencia inmediata de Martínez Bravo en el Parlament. “No se puede seguir gestionando a ciegas un servicio que mueve millones y afecta a miles de menores”, advirtió la diputada Lorena Roldán. Los populares también reclaman una unidad conjunta contra el fraude, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y los ministerios de Interior y Derechos Sociales.
La DGAIA es solo una muestra | Europa Press
Un sistema cuestionado
El escándalo llega cuando la DGAIA aún está bajo sospecha por irregularidades en contratos y subvenciones a entidades colaboradoras. La Fundació Resilis y la Fundació Mercè Fontanilles, señaladas por la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, siguen bajo investigación.
Lo que es evidente es que el sistema catalán de tutela de menores no funciona. El sistema acumula denuncias por falta de control, saturación, costes elevados y presunta corrupción. Mantener a un menor puede costar entre 31 y 140 euros al día, según los datos oficiales.
En este sentido, la operación de Tarragona agrava la crisis y empeora todavía más la imagen de este servicio. Y lo hace en un momento sensible para el Govern del PSC, que cuenta con el apoyo de ERC, el partido que dirigía la DGAIA durante los años más conflictivos.
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