
Una entidad privada anuncia acciones legales por el caso DGAIA
Esta misma semana, la Fiscalía pedía al Tribunal de Cuentas que abriera una investigación sobre el escándalo DGAIA
El escándalo de la DGAIA sigue creciendo y suma ahora un nuevo actor en el frente judicial. El colectivo de abogados Acció Cassandra ha anunciado que presentará acciones penales por las irregularidades en la gestión de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). En un comunicado difundido en redes sociales, la asociación confirmó que su junta directiva decidió el pasado 1 de octubre iniciar un procedimiento penal:
“No entendemos que este asunto todavía no se haya judicializado por la vía penal. Consideramos oportuno dar un impulso en esa dirección y, por tanto, en breve iniciaremos las acciones oportunas”, indicaron:
El colectivo subraya que se trata de un caso complejo que exige un trabajo jurídico de gran alcance, puesto que consideran que la magnitud de las irregularidades es “muy grande”. Por ese motivo han pedido colaboración ciudadana voluntaria para reforzar la iniciativa.

Un escándalo que no deja de crecer
El paso de Cassandra se suma a la presión ejercida esta misma semana por la Fiscalía, que ha solicitado al Tribunal de Cuentas una investigación exhaustiva sobre la gestión económica de la DGAIA. El Ministerio Público ha puesto bajo sospecha 167 millones de euros en pagos indebidos entre 2016 y 2022, incluyendo ayudas mal concedidas, expedientes prescritos y subvenciones sin reclamar.
La Sindicatura de Cuentas ya había denunciado adjudicaciones irregulares, sobreprecios en servicios externalizados y vínculos opacos entre responsables del organismo y entidades beneficiadas. A ello se añade la polémica social y política generada tras varios casos graves que afectaron a menores tutelados, lo que obligó al Govern a prometer una reforma integral del sistema. Ahora bien, resulta claro que la reforma es cosmética para no torpedear las relaciones de los socios de Govern.

Rumbo a los tribunales
La entrada en juego de Cassandra abre un nuevo capítulo de un escándalo del que, por el momento, sabemos poco. Hasta ahora, la mayoría de actuaciones se habían centrado en informes de fiscalización y denuncias públicas. Pero, poco a poco, diferentes actores presionan para judicializar el escándalo.
A todo esto, la polémica se desarrolla con un silencio interesado entre gran parte de la prensa subvencionado. Es más, no ha sido la prensa subvencionada la que ha destapado este escándalo, sino la prensa independiente. Todo ello sin perjuicio de que, cada año, los medios subvencionados se repartan millones para, entre otras cosas, hacer periodismo de investigación.
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