La DGAIA, un rentable negocio de 350 millones de euros para las entidades señaladas por pagos indebidos

El escándalo de la DGAIA ha destapado las vergüenzas de la gestión fraudulenta de los recursos públicos por parte de la Generalitat durante al menos una década. Bajo el control de ERC, el Departamento de Asuntos Sociales convirtió la acogida de menores en un rentable negocio que benefició con dinero público a empresas del tercer sector con vínculos con este partido. Poco a poco se van poniendo nombres y números a este escándalo cuyas dimensiones parecen crecer cada día.

Esta semana, SER Catalunya desveló que las dos entidades investigadas por los pagos indebidos de ayudas a jóvenes extutelados, Resilis y Mercè Fontanilles, han facturado más de 350 millones en los últimos diez años. Los datos a los que ha tenido acceso SER Catalunya incluyen contratos con concurso público y subvenciones, por valor de unos 30 millones de euros anuales. Estas dos entidades, dirigidas en aquellos tiempos por personas cercanas a ERC, fueron de largo las que más se lucraron con el negocio de la acogida de menores. 

Pese a estas informaciones que van saliendo, el caso sigue sin judicializar y en manos de una comisión de investigación fake en el Parlament. PSC y Comuns, socios de legislatura con ERC, unen fuerzas con los republicanos para intentar controlar el escándalo desde arriba.

Siguen enriqueciéndose con el dinero de todos

Resilis y Mercè Fontanilles se llenaron los bolsillos durante años con la gestión de servicios tales como centros residenciales de menores, plazas de emergencia para menas y pisos tutelados y albergues para su acogida. Resilis fue la más beneficiada, con más de 200 millones, mientras que Mercè Fontanilles facturó más de cien millones del erario público durante aquel período. A ellos hay que sumar Diagrama, entidad que recibió en torno a 180 millones, y que completa la lista de grandes contratistas de la Consejería de Asuntos Sociales.

Estas entidades del tercer sector estaban agrupadas bajo el paraguas de Plataforma Educativa, cuyos responsables tenían estrechos vínculos con ERC. Su enriquecimiento no terminó con el estallido del escándalo tras la denuncia de la Sindicatura de Cuentas, en 2024. De hecho, Resilis y Mercè Fontanilles facturaron más de 40 millones de euros procedentes del Departamento de Derechos Sociales en 2025. 

Hay que recordar que, pese a que estas fundaciones están siendo investigadas por el pago indebido de 4,7 millones de euros en ayudas a extutelados, la Generalitat renovó el año pasado el contrato a Resilis para la gestión de estas ayudas. Una demostración más de que los cambios estéticos anunciados por el Govern no han cortado el problema de raíz. Todo esto no deja de alimentar las sospechas de que la acogida de menores extranjeros no acompañados es un rentable negocio con el que se han lucrado unos cuantos.

Vínculos de estas empresas con el poder

Uno de los señalados por el escándalo es Ricard Calvo, exdirector de la DGAIA entre 2016 y 2020, y que anteriormente había sido concejal de ERC en Girona. Pero es que resulta que además Calvo era tesorero de Plataforma Educativa, de la que formaban parte Resilis y Mercè Fontanilles. Es decir, que Calvo benefició con una lluvia de millones de dinero público a empresas de las cuales formaba parte.

Su sucesora en el cargo, Georgina Oliva, había sido anteriormente diputada de ERC en el Congreso y había ostentado varios cargos orgánicos en el partido. Bajo su mandato como directora de la DGAIA se adjudicaron contratos de forma irregular y se concedieron ayudas a jóvenes que no cumplían los requisitos. 

También llama la atención el caso de Jasone Latorre, miembro del equipo del alcalde de ERC en Manresa, Marc Aloy. Aparecía en unos aduios donde, como jefa del Servicio de valoración y seguimiento de personas jóvenes ex-tuteladas (SEVAP), intentaba silenciar a un trabajador que denunciaba las irregularidades.