
El escándalo de la DGAIA persigue al Govern pese al intento de controlar la comisión de investigación junto a ERC, Junts y Comuns
La oposición vuelve a meter presión por el manejo de la crisis en el Departamento de Derechos Sociales
El de la DGAIA es el mayor escándalo de corrupción de Cataluña de los últimos años. Los partidos implicados directa o indirectamente maniobran para enterrar el caso. ERC y Junts porque estaban al frente del Generalitat y la Consejería de Asuntos Sociales cuando se cometieron las irregularidades, y PSC y Comuns porque temen que la crisis se lleve por delante al socio (ERC) que sostiene el tripartito.
Con este fin, estos partidos impulsaron una comisión de investigación que han intentado controlar desde el primer momento. Se trata de un intento de estas formaciones de adelantarse a sus rivales para poder manejar la crisis internamente.

Pero los partidos de la oposición no están dispuestos a permitirlo, y las sesiones de control en el Parlament se están convirtiendo en un asedio al Govern y a sus socios. Esta semana ha sido el PP quien ha traído el tema al pleno. La diputada Lorena Roldán preguntó a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, qué espera de la comisión de investigación.
“Ya que PSC, ERC y Junts han decidido controlar la comisión de investigación, no nos queda otra que fiscalizarla desde aquí”, argumentó la diputada. A continuación recordó el historial del caso. En 2024 un trabajador de la DGAIA les denunció por mala praxis: jóvenes extutelados recibían dinero a través de varias entidades, como Resilis, sin ningún tipo de control. La Sindicatura de Cuentas detectó que se contrataba al margen de la ley y que los servicios se pagaban sin justificación. La Oficina Antifraude tomó cartas en el asunto y abrió otra investigación, mientras que un nuevo informe de la sindicatura descubrió que se pagaron 167 millones de euros en ayudas sociales que no correspondían.
Los populares lamentan que después de millones de euros públicos despilfarrados no haya habido “ni una sola dimisión”. Ante la crisis, afirmó Roldán, el Govern ha decidido “secuestrar” la comisión de investigación “decidiendo quién puede hablar y quién no”. Además, han condenado la deuda de las ayudas adjudicadas por error.
Pregunta sin respuesta a la consejera
La diputada advirtió a la consejera que “esto ya no es solo mala gestión, sino claros indicios de corrupción institucional”. A continuación preguntó a la consejera si han apoyado y protegido al trabajador que denunció y que ha sufrido acoso. Así mismo, preguntó por qué han vetado comparecencias en la comisión de investigación y cuántos expedientes con irregularidades hay y a cuánto asciende el dinero desviado.
La consejera respondió que “la mayoría de los problemas ya están solucionados”, y volvió a defender la reforma del departamento. “Hemos impulsado una transformación de las prestaciones sociales, y hemos encargado una auditoría”, argumentó Martínez.
Más allá de eso, la consejera tiró balones fuera comparando al PP con Vox y acusándoles de "desprestigiar un sistema que ha salvado la vida a muchos jóvenes". Reiteró su petición de una "crítica constructiva", pero no respondió a las preguntas formuladas por Roldán. Por ejemplo sobre la protección del denunciante, o sobre el veto a comparecientes en la comisión de investigación.
Un caso que persigue a ERC y al Govern
Esta claro que pese a los intentos de enterrar el caso, este está persiguiendo a ERC y al Govern. Los partidos de la oposición sacan el tema siempre que tienen ocasión, y las redes sociales también son un buen indicador de la indignación de los catalanes con este tema. Republicanos y socialistas son conscientes del desgaste electoral que les puede acarrear, y por eso quieren pasar página cuanto antes.
Mientras tanto, la comisión de investigación sigue su curso pero los partidos que ostentan la presidencia maniobran para impedir la comparecencia de testigos clave. Es un ejemplo de como los partidos implicados intentan tapar el caso por arriba.
ERC es el principal partido salpicado ya que ostentó tanto la Consejería de Asuntos Sociales como la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia durante el período en el que se cometieron las irregularidades (2016-2021). El apoyo de ERC es clave para la continuidad del Govern de Salvador Illa, al que también dan apoyo los Comuns. Esto explica que PSC y Comuns, que no tenían responsabilidades de gobierno en aquellos años, ahora se unan a Esquerra para correr un tupido velo.
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