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Detenidos 3 africanos: cobraban el paro en España, pero vivían en Marruecos y Gambia
Les acusan de haber estafado más de 11.000 euros a la administración pública
La Policía Nacional ha detenido a tres inmigrantes residentes en Salt (Girona) por un supuesto caso de fraude con la ayuda del paro. Les acusan de haber cobrado ilegalmente más de 11.000 euros de la prestación por desocupación mientras se encontraban en sus países de origen. Se trata de tres hombres de 35, 38 y 43 años, originarios de Gambia y Marruecos.
La ley establece que los beneficiarios de la prestación por desempleo deben comunicar su estancia en el extranjero cuando esta supera los quince días. La estancia en el extranjero no puede superar los treinta días.
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Los tres detenidos tenían su residencia en Salt. Pero habían abandonado España para volver a sus países después de haber solicitado la ayuda del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE). Uno de los detenidos llegó a pasar seis meses en su país mientras cobraba el paro, habiendo defraudado un total de 7.000 euros.
La administración reclamó la devolución del dinero defraudado, pero el extranjero se negó. Se procedió entonces a denunciarlo. La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) recabó información para valorar los posibles delitos de fraude y contra la administración de la Seguridad Social.
Al confirmarse la situación, se procedió a su detención y puesta a disposición judicial. El juzgado de instrucción les dejó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando sean requeridos para la vista oral.
Fraudes con las ayudas
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en Granada a 58 inmigrantes ilegales que habían cobrado de forma fraudulenta 211.000 euros en ayudas para parados. Los inmigrantes, de origen marroquí, habían regularizado su situación en España gracias a ofertas de empleo fraudulentas que hacía un matrimonio de empresarios agrícolas.
Los empresarios simulaban la contratación de estos inmigrantes y su cotización en la seguridad social para que obtuvieran el permiso de residencia. Esto les permitiía acceder a las prestaciones por desempleo. La policía detuvo tanto a los empresarios como a los inmigrantes.
No son casos aislados. El auge de la inmigración ilegal en España ha disparado también la demanda de ayudas sociales y prestaciones por desempleo, incrementando también la picaresca. Los intentos de fraude a la seguridad social son un delito muy grave que compromete el equilibrio del sistema de solidaridad y asistencia social en España.
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