La CUP dice que dar autoridad a los funcionarios de prisiones es 'vulneración de derechos'

El PSC llevará esta semana al Parlament una reforma para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La medida ha generado rechazo inmediato en la CUP. Su diputado Xavi Pellicer ha denunciado que la propuesta supone “generar más impunidad y vulneraciones de derechos”, y ha recordado que varias entidades del ámbito de los derechos humanos han alertado de la gravedad del cambio legislativo.

La iniciativa del Govern responde a una demanda histórica del colectivo penitenciario y llega un año después del asesinato de una trabajadora en la cárcel de Mas d’Enric. El consejero Espadaler ha confirmado que el Ejecutivo catalán ya ha decidido impulsar las modificaciones legales necesarias. Según explicó en el Parlament, la reforma permitirá otorgar a los funcionarios una protección penal reforzada y aplicar el principio de indemnidad en caso de agresión.

Espadaler también ha recordado que otros cuerpos, como los Mossos, la policía local o el personal de transporte público, ya gozan de esta consideración. El Govern quiere acompañar el cambio legal con formación inicial y continua para los trabajadores del sistema penitenciario.

Las agresiones aumentan y los sindicatos reclaman medidas

El debate político coincide con un deterioro sostenido de la seguridad en las prisiones catalanas. Según los datos oficiales de Justícia, en 2024 se registraron 397 agresiones a funcionarios, 339 intentos de agresión y 45 incidentes adicionales, hasta alcanzar un total de 781 ataques. El sindicato CSIF eleva la cifra a 607 funcionarios agredidos, entre ellos 79 con lesiones graves y 528 con lesiones leves.

Las prisiones acumulan además más de 1.774 agresiones entre internos, lo que refuerza la sensación de un conflicto creciente. Los responsables sindicales describen 2024 como el peor año de la historia, tanto por volumen de incidentes como por la falta de mejoras. En enero, solo la cárcel de Lledoners registró más de 50 agresiones, con 9 funcionarios lesionados.

Las organizaciones sindicales reclaman desde hace meses medidas adicionales para frenar la violencia. CSIF y Acaip piden el uso de gas pimienta, la separación de internos especialmente conflictivos, la ampliación de plantillas y la renovación de infraestructuras. Otros sindicatos, como CCOO, recuerdan que el reconocimiento como agentes de la autoridad ya se está tramitando a nivel estatal y defienden que el principio de indemnidad es imprescindible.