Las cárceles catalanas, otro polvorín en llamas para el Govern del PSC

La sanidad colapsada, el fracaso escolar, la inseguridad en las calles y la corrupción en la DGAIA son algunas de las bombas de relojería que tiene el Govern de Salvador Illa. Hay que añadir otra. La saturación del sistema penitenciario catalán, que está misma semana ha reconocido el propio consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

Cataluña ha superado por primera vez los 9.000 internos, y el Govern ha anunciado un plan de ampliación de plazas y nuevos sistemas de seguridad. Aunque nadie quiere reconocerlo, detrás está el aumento migratorio. Los propios funcionarios advirtieron recientemente del impacto de la inmigración en el sistema penitenciario catalán.

Al problema de la saturación se suma el de la inseguridad en las cárceles. Esta semana, un peligroso interno que ya había protagonizado una violenta agresión atacó a tres funcionarios en Quatre Camins. El preso, de 23 años y natural de Gambia, la emprendió a golpes con los trabajadores tras negarse a pasar por el detector de metales.

El mismo preso ya había protagonizado un ataque violento que acabó con un funcionario con la nariz rota. Los funcionarios de prisiones en Cataluña siguen reclamando cambios en los protocolos para proteger su integridad. Quieren ser reconocidos como agentes de la autoridad, y acabar con el buenismo que protege a los delincuentes en las prisiones.

Más presión para el Govern

Ante la crisis abierta tras el asesinato de una cocinera en Mas d’Enric, el 13 de marzo de 2024, el Govern de Salvador Illa impulsó cambios para mejorar la seguridad. Entre otras cosas, la limitación de presos de riesgo en lugares potencialmente peligrosos. Ahora anuncia la instalación de innovadores sistemas tecnológicos como inhibidores de drones y móviles.

Pero esto no saldrá gratis. El Govern ha anunciado una inversión de 7 millones de euros para reforzar la seguridad tecnológica, y otros 12 para la formación de nuevos funcionarios. Además, los propios funcionarios discuten la efectividad de estas medidas.

El problema que se le avecina al Govern es que necesita más contundencia para reducir la criminalidad, pero eso amenaza con complicar la situación en las cárceles. Los trabajadores avisan que no es un problema de tecnología, sino de aumento de reclusos, falta de personal e incremento de la violencia. Dicho de otra forma, están desbordados.

¿Demasiado tarde?

Por un lado, los ciudadanos piden más mano dura contra la delincuencia y esto exige más penas de cárcel para los multirreincidentes. Pero eso aumentaría aún más la saturación en las cárceles. Además, no es un problema solo de espacio sino también de gasto: La Generalitat gastó 455 millones de euros el año pasado en el mantenimiento de los presos.

Son datos anteriores al último aumento de la población penitenciaria, así que ahora el gasto ha aumentado y podía seguir incrementándose. En el trasfondo están los datos del porcentaje de presos inmigrantes en las cárceles catalanas, que son ya el 52%. 

Como ocurre en otros ámbitos, el colapso de las cárceles es el resultado de las políticas inmigracionistas y buenistas aplicadas en Cataluña durante años. Algunos advirtieron hace tiempo de las consecuencias, pero no recibieron más que insultos y menosprecio. El Govern Illa intenta ahora revertir la situación con una contundencia contenida, pero es posible que haya llegado demasiado tarde.