Europa Press Archivan la denuncia de la Generalitat contra Ignacio Garriga por decir que 'Cataluña no es Marruecos'
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La Generalitat ha tenido que dar marcha atrás en su intento de sancionar a Ignacio Garriga por un mensaje en redes sociales en el que defendía que “Cataluña no es Marruecos”. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación ha decretado el archivo por caducidad del expediente sancionador que pretendía multar al político con 900 euros.
El procedimiento, iniciado a raíz de un tuit publicado el 4 de marzo de 2024, acusaba a Garriga de “fomentar la discriminación” contra el islam por haber escrito que "Hay que elegir: o leyes españolas o leyes islámicas. Cataluña no es Argelia ni Marruecos". Lo relevante de este caso es que ha sido la propia Generalitat la que se ha obstaculizado a sí misma.
Un expediente fuera de plazo
La resolución administrativa reconoce que la Oficina incumplió el plazo legal de seis meses para tramitar y resolver el expediente. El acuerdo de inicio se dictó el 7 de enero de 2025, casi nueve meses después del tuit. Esto ya situaba el procedimiento en una posición irregular desde un origen.
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Durante todo este tiempo, el Govern no logró emitir una resolución ni notificarla en el periodo exigido, lo que ha provocado su caducidad automática. La ley es clara: si en seis meses no se dicta resolución expresa, el procedimiento decae y se archiva sin más trámite. En otras palabras, el Govern no solo no logró justificar la acusación, sino que incumplió sus propios plazos.
Un patrón: castigar la crítica abierta al islam
El caso de Garriga se produce poco más de un año después de la ratificación de una multa de 10.001 euros contra Sílvia Orriols. Como muchos recordarán, la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana fue multada por afirmar que “el islam es incompatible con los valores occidentales”. En aquella ocasión, la administración confirmó la sanción con argumentos casi idénticos a los de Garriga: fomentar el discurso del odio.
Nos encontramos, pues, ante una situación clara donde los poderes públicos se erigen como sancionador oficial de los críticos de la multiculturalidad. Más en particular con el islam, que, por alguna razón, parece estar exento de recibir críticas en Cataluña. Todo ello a pesar de que observamos patrones y conductas de orden religioso y que chocan de frente con las libertades occidentales.
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