ACN Un abogado relata el drama que se vive en el sistema judicial en Cataluña: 'Esto no es justicia'
Uno de los episodios más frustrantes de la vida civil es enfrentarse a la extremada lentitud de la justicia
El abogado Quim Gonter ha descrito en un mensaje muy compartido en redes sociales el colapso que vive la justicia en Cataluña. Su diagnóstico es contundente: procedimientos esenciales para la vida cotidiana (despido, robo, etc.) pueden tardar más de dos años en resolverse. Según Gonter, esta situación destruye la tutela judicial efectiva y compromete directamente la calidad democrática.
El letrado afirma que las demoras afectan a todas las jurisdicciones. Explica que una demanda laboral presentada hoy no tendría juicio hasta mediados de 2027. También señala que las víctimas de delitos pueden esperar más de dos años para conocer una resolución judicial firme. Y subraya un problema cada vez más frecuente: recuperar un piso ocupado ilegalmente también puede tardar más de dos años.
Años de espera y juzgados colapsados
Gonter advierte de que incluso los procedimientos civiles más simples, como un monitorio para reclamar una deuda, se eternizan. Además, denuncia que muchas demandas quedan meses enteros en espera de ser tramitadas por falta de capacidad operativa. El colapso llega hasta el punto de que, una vez celebrado un juicio, algunos órganos tardan tres o cuatro meses en dictar sentencia.
Juzgados de Olot | Plantalech
Según su análisis, Cataluña habría llegado a esta situación por el aumento continuado de población y por la falta estructural de medios personales y materiales. Carga la responsabilidad sobre el Departamento de Justicia encabezado por Ramon Espadaler, a quien atribuye no haber impulsado los refuerzos necesarios. “Esto no es justicia, y sin tutela judicial no hay democracia”, concluye Gonter en su mensaje.
Un problema que también se reproduce en toda España
El diagnóstico del abogado encaja con los datos del colapso estructural de la justicia española. Los tribunales acumulan cerca de 4 millones de asuntos pendientes, una cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos años. En 2023 entraron unos 7 millones de litigios, pero solo se resolvieron alrededor de 6,4 millones, generando un efecto embudo.
Las jurisdicciones Social y de Familia están entre las más paralizadas. Los juzgados laborales cerraron 2023 con más de 426.000 asuntos pendientes, y los juicios por despido tardan de media más de siete meses en señalarse. En Familia, abogados y asociaciones describen desde hace tiempo retrasos de hasta dos años para divorcios, custodias o informes periciales.
Falta de jueces, medios obsoletos y retrasos inadmisibles
La saturación tiene un origen claro: España dispone de menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media europea. Las asociaciones judiciales alertan desde hace años de que harían falta entre 300 y 350 magistrados nuevos cada. Pero las convocatorias no cubren ni una quinta parte de esa necesidad.
A ello se suma un problema crónico de medios materiales. La digitalización avanza lentamente y sigue lejos de los estándares europeos. La ejecución de sentencias está entre las más lentas del continente, lo que dispara la duración de los procedimientos y aumenta la frustración de los ciudadanos.
El mensaje de Quim Gonter ha tenido un amplio eco en redes porque pone palabras al malestar de miles de catalanes atrapados en procedimientos que no avanzan. Su advertencia final resume el trasfondo del problema. Sin una justicia que funcione en tiempos razonables, ningún derecho está garantizado.
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